ace dos entregas decía que veo una sociedad organizada para dos propósitos: aprovecharse del Estado –no sólo económicamente– y defenderse del Estado. Debí haber añadido que también se organiza para suplir la ausencia del Estado.
Esta sociedad está organizada en enclaves, en enjambres, desconectados en gran medida. Por otra parte, lo que hereda el nuevo régimen es un Estado desarticulado, con franjas de gobierno colonizadas por diversos grupos de intereses. Una de las consecuencias de lo anterior es la propia incapacidad de implementación del gobierno. Por carencia de cuadros experimentados en la administración pública, pero más aún por la falta de personal de campo que entienda y esté comprometido con una idea por más elemental que sea de transformación social.
Reconstruir Estado y sociedad requiere diversas formas de articulación y representación. Exige, sobre todo, un sistema de intermediación política. Ningún Estado puede prescindir de partidos, sindicatos, gremios y asociaciones.
Me parece evidente que la reconstrucción del Estado exige un acuerdo entre las élites económicas y políticas, pero a menudo un acuerdo de élites que rompa con el antiguo statu quo, incitado o impulsado por coaliciones desde abajo. Ahí el elemento aglutinante es la comunidad. Entiendo a la comunidad en un sentido amplio, como un conjunto de personas que tienen vínculos más o menos permanentes y fines o propósitos más o menos comunes, que generalmente se expresan territorialmente.
Pienso, en primer lugar, en comunidades en el ámbito rural. En la siguiente entrega comentaré sobre las comunidades urbanas.
En el campo están, en primer lugar, las formas tradicionales basadas en las tres formas de tenencia de la tierra: comunidades indígenas, ejido y pequeña propiedad minifundista. A su interior, en los dos primeros tipos de tenencia proliferaron una enorme cantidad de formas asociativas promovidas por el gobierno, aunque frecuentemente recuperadas en términos de su autonomía, por las organizaciones campesinas de base. Las formas más contemporáneas siempre presentes en el campo, pero en cierta forma redescubiertas por los campesinos para beneficiarse de programas de transferencias líquidas y del intento de individualizar los apoyos gubernamentales a partir de la segunda mitad de los 90, han sido la familia extendida y las agrupaciones no formales de vecinos usualmente agrupados para brindar diversas formas de apoyo solidario –el caso típico son las redes de migrantes a EU y sus contrapartes en los pueblos de origen–, hasta los mecanismos de defensa laboral no formalizada en sindicatos, como las luchas frecuentes y hasta cierto punto espontáneas de jornaleros agrícolas, y finalmente las luchas de asociaciones comunitarias tampoco formalizadas en defensa de sus recursos naturales e incluso de su seguridad –como algunas de las expresiones de los comités de autodefensa. Las organizaciones comunitarias pueden cubrir la extensión de una localidad o de varias, de un municipio o de varios, pero en general nos encontramos con múltiples formas de organización ciudadana en el ámbito de una misma localidad.
El caso es que Huexca, en Morelos, y la situación de comunidades indígenas en otras regiones de México –por ejemplo en el Istmo de Tehuantepec– apenas son la punta del iceberg de una amplísima movilización de comunidades rurales que buscan recuperar sus territorios frente a megaproyectos, intereses mineros, crimen organizado y nuevas formas de cacicazgo.
El régimen de la 4T tiene que aprender a tratar con este nuevo tipo de movilizaciones insertas, sin embargo, en una larga tradición de luchas comunitarias. Se necesita paciencia y deseos verdaderos de escucharlas y consultarlas. Sobre todo, deben ser vistas no como rémoras del pasado u obstáculos para el futuro, sino aliadas clave en la reconstrucción del país.
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