a Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), tercera casa de estudios de mayor importancia en la capital del país, llega a su 45 aniversario atrapada en la que hoy se convirtió en la huelga más larga de su histo-ria y que de momento no presenta viso algu-no de solución. El conflicto estallado el primero de febrero por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la institución (Situam) responde a dos demandas: un incremento salarial de 20 por ciento para docentes y administrativos, y el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo en lo que respecta a la creación de plazas y políticas de contratación del personal de confianza.
Si algo ha caracterizado al conflicto laboral que ya se extendió por 64 días es la cerrazón de las partes en el punto nodal de desacuerdo: el incremento salarial. A lo largo de las más de 15 pláticas conciliatorias sostenidas en los dos meses de huelga, ni la organización gremial ha cedido en su exigencia ni las autoridades de la casa de estudios han mejorado un ápice su oferta inicial de 3.35 por ciento de incremento directo al salario y 3.0 por ciento de aumento en retabulación de puestos, ambos aplicables únicamente al personal administrativo de base y al académico de medio tiempo y tiempo parcial.
A la intransigencia de las partes confrontadas se ha sumado la inexplicable indolencia de las autoridades en materia laboral, las cuales hasta ahora se han limitado a facilitar sus instalaciones para las infructuosas pláticas de conciliación, sin asumir un esfuerzo activo y protagónico para destrabar un conflicto que mantiene sin clases a 58 mil estudiantes, sin salario a 3 mil docentes, y a la sociedad entera sin uno de sus pilares fundamentales de desarrollo y entendimiento.
Por las incalculables pérdidas monetarias y, ante todo, sociales, que genera el cierre de una institución con la valía y el prestigio de la Universidad Autónoma Metropolitana, es imperativo que todos los actores involucrados empeñen su honesta voluntad en la búsqueda de soluciones inmediatas. Más allá de la coyuntura, esta experiencia debe servir como recordatorio de la necesidad de diseñar e implementar mecanismos de solución de diferendos laborales que garanticen el pleno respeto a los derechos de los trabajadores, a la vez que minimicen las afectaciones a terceros.
