a propuesta de una nueva ley de ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera ha causado revuelo mediático, la cual, sin embargo, está lejos de tocar el verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el sistema público de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para convertirse en una fuente de jugosos subsidios para enormes empresas trasnacionales y nacionales, que sólo ha abonado a sus ganancias privadas sin dejar nada al país.

Los que más airadamente opinan en este debate mediático son quienes han construido y defienden ese statu quo, un sistema de ciencia y tecnología drenado por el huachicoleo científico legalizado, con líneas de trabajo que favorecen a las élites y que no responden a las necesidades de la mayoría de la población.

No sólo se han entregado enormes cantidades de dinero a grandes empresas sin casi ninguna contraprestación. El sistema también cobijó el desarrollo de actividades nocivas y contaminantes de esas compañías en varios rubros industriales.

Un ejemplo de ese sistema perverso lo vemos con los subsidios del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt y las acciones complementarias de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem)

Como reporté anteriormente, de 2009 a 2017 el PEI entregó a las mayores trasnacionales globales de transgénicos, Monsanto, PHI México (propiedad de DuPont), Dow y Bayer, cerca de 50 millones de pesos para sus investigaciones sobre maíz y agrotóxicos (https://tinyurl.com/y5653jn4). Al mismo tiempo, la Cibiogem, con Sol Ortiz como secretaria ejecutiva, autorizó a las mismas empresas decenas de experimentos de campo con maíz transgénico en varios estados del país, así como cientos de miles de hectáreas de plantación de algodón y soya transgénica, con graves impactos ambientales y sociales. Todo ello contra las opiniones mayoritarias vertidas en consultas públicas y pese a que en muchos casos hubo dictámenes negativos de otras instituciones oficiales (Conabio, Conanp, Inecc). Paralelamente, el PEI entregó más de un millón de pesos a Dow para evaluar sus primeros eventos biotecnológicos, costo que las empresas deben asumir como parte de los requerimientos legales de bioseguridad. En todo el mundo es problema que sean las propias empresas interesadas las que evalúan los cultivos transgénicos que solicitan liberar. A este cuestionamiento reponden argumentando que así la evaluación no se paga con fondos públicos. Salvo en México, donde se les entrega dinero público para eso mismo mediante otro brazo del sector de ciencia y tecnología.

La modificación de las leyes y normativas en ciencia y tecnología en los tres sexenios pasados ha estado mayoritariamente centrada en favorecer a las empresas, por lo que, aunque muchas de esas acciones sean legales, de ninguna manera son legítimas. Estos cambios se han acompañado además de la proliferación de nuevas instituciones y oficinas sobre ciencia y tecnología adjuntas a la Presidencia y estados, que duplicaron innecesariamente las tareas asignadas al Conacyt pero han sido canales para lograr aún más influencia de proyectos e intereses particulares. Por ello, la iniciativa de ley plantea terminar con algunas de estas instancias.

Otro aspecto clave ha sido el simulacro de consulta sobre estas modificaciones y políticas. La participación plural y efectiva de toda la comunidad científica se sustituyó por la integración al sistema de la asociación civil Foro Consultivo de Científico y Tecnológico (FCCyT). Aunque esta organización nominalmente agrupa a la dirección de importantes instituciones de investigación y educación nacionales –no así a toda la comunidad de esas instituciones–, también integran su directiva cuatro grandes asociaciones industriales: la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en las cuales son miembros las empresas beneficiadas por el sistema de apoyos y subsidios en ciencia y tecnología. Como resultado, el FCCyT ha sido el principal órgano de cabildeo de los intereses empresariales y de investigación elitista en las políticas públicas. La iniciativa de ley plantea abrir las consultas a más sectores científicos y sociales que antes no podían expresarse.

En efecto, el mecanismo actual no sólo sustituyó la participación real de gran parte de la comunidad científica, sino también obvió que el resto de la población del país tiene derecho a participar en la definición de políticas públicas sobre ciencia y tecnología y su orientación, especialmente las comunidades que serán potencialmente afectadas. Por todo ello es fundamental que sean éstos quienes ahora conozcan y participen en la discusión de una nueva ley de ciencia y tecnología que ciertamente tiene aspectos a debatir (http://comisiones.senado.gob.mx/ cienciaytecnologia/docs/ini/5.pdf). No son los que crearon y se han beneficiado del sistema perverso los que propondrán su cambio.

* Investigadora del Grupo ETC