a Contraloría de Venezuela dio a conocer ayer que, a resultas de una pesquisa por corrupción, el diputado Juan Guaidó, quien hace unas semanas se autoproclamó presidente encargado, quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, el máximo que contempla la ley, porque, a decir del contralor general, Elvis Amoroso, durante años realizó gastos que exceden sus ingresos comprobables y hasta ahora rehúsa presentar pruebas que avalen el origen de unos 94 mil dólares.

ras la imposibilidad de que ninguno de los candidatos incluidos en las ternas inicialmente enviadas al Senado por el presidente López Obrador para ocupar cuatro sillas en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el gobierno envió unos días más tarde los mismos nombres ordenados de manera distinta, lo que causó la furia de los opositores. Pero la ley dice lo que dice, el Ejecutivo federal la ha respetado de manera escrupulosa y si en esta segunda ronda los aspirantes a la CRE no logran la aprobación senatorial por dos tercios de los votos, el mandatario estará en libertad de designar a quienes ocupen los puestos vacantes en esa comisión.

nte nuestros ojos podemos observar cómo los Estados-nación se van deslizando hacia instituciones controladas por grupos paramilitares, mafias policiales y narcotraficantes. Lo que antes parecía una excepción, acotada a situaciones casi extremas, ahora se está convirtiendo en norma, a medida que el Estado ya no es aquella institución capaz de controlar territorios y asegurar el monopolio de la violencia legítima, como sostuvo Max Weber.