Buenos Aires. En un jueves negro para el gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, se conoció que la cifra real de nuevos pobres generados en el último semestre del año pasado supera 3 millones, mientras el número de indigentes aumentó de poco más de 4 a 6 por ciento, conformando 14 millones de personas, y la economía se desplomó una vez más en enero, 5.7 por ciento, cuando se cumplen nueve meses seguidos de recesión.

El mandatario ratificó el modelo económico aplicado, mientras el dólar sigue disparándose y los analistas consideran sumamente graves las nuevas medidas adoptadas por el Banco Central tratando de enfrentar esta situación crítica.

Sostienen los expertos que el país está endeudado 76 por ciento más que hace tres años, y aseguran que a diciembre de 2018 la deuda suma 279 mil millones de dólares.

Mientras esto sucede, ajenos a los efectos de la crisis que agobia al país, tanto el gobierno como los sectores judiciales ligados al poder continúan el esquema de persecución política contra opositores, y de presiones y amenazas contra cualquier juez que tenga en sus manos una causa que perjudique al gobierno.

El fiscal Carlos Stornelli, acusado por su involucramiento en una red de extorsión, espionaje, y por forzar testimonios, sigue en rebeldía al negarse a asistir a la cuarta citación del juez federal Alejo Ramos Padilla, a pesar de que cada día se acumulan más pruebas en su contra y de que diputados han pedido la suspensión en su cargo.

En este entorno, el juez Claudio Bonadío, quien también está acusado de participar en la trama de extorsión, montó el proceso 11 contra la ex presidenta Cristina Fernández y el ex secretario de la presidencia Óscar Parrilli, esta vez por el presunto uso ilegal de aviones presidenciales para llevar periódicos a la provincia de Santa Cruz.

Bonadío continuó su circo judicial contra Fernández utilizando testimonios supuestamente tomados del expediente de las famosas fotocopias de cuadernos escritas por el ex chofer de un funcionario estatal del gobierno anterior, que además quemó los originales, por lo cual las copias no tienen ninguna autenticidad.

También dictó otro embargo contra la ex mandataria y Parrilli, ahora por 500 mil pesos a cada uno.

Fernández de Kirchner, ya investigada en esta causa, había señalado que “esta versión no es novedosa, ya que desde hace años, siempre los mismos denunciantes y los mismos medios de comunicación vienen repitiendo la misma versión que, incluso para algunos, adquirió ya el carácter de leyenda. Al igual que el caso anterior, Bonadío interviene de manera ilegítima en esta pesquisa, iniciada con base en supuestas pruebas recabadas en la causa de las fotocopias.

Y agregó: respecto de esta acusación, debo subrayar que jamás, ni Néstor Kirchner ni yo, utilizamos los bienes del Estado en nuestro provecho o fuera del cumplimiento de funciones oficiales.

En tanto, la pobreza y la indigencia no encuentran freno en una Argentina que se hunde cada vez más en una crisis económica que no parece tener fin, señaló el portal Política Argentina.

En este país de 44 millones 271 mil habitantes, de acuerdo con un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la situación de la pobreza, y en particular de la que afecta a niñas, niños y adolescentes, sigue mostrando un panorama preocupante.

Según estos datos, 42 por ciento de niños, niñas y adolescentes vive bajo la línea de pobreza (5.5 millones) y 8.6 por ciento crece en hogares en los que no alcanza para cubrir la canasta básica

Destaca el informe que familias de sectores vulnerables comen una vez al día y los adultos a veces no ingieren alimentos para dar a sus hijos. Además, se triplicó la cantidad de familias que buscan comida en los basureros municipales.