Madrid. La multinacional española OHL está de nuevo en la mira de la justicia. La Fiscalía Anticorrupción, el juzgado número seis de la Audiencia Nacional y la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil están estrechando el cerco de la investigación abierta contra la constructora para probar que desde 2003 habría pagado algo más de 40 millones de euros (mil millones de pesos) en comisiones ilegales para conseguir contratos de obra pública, sobre todo con dependencias públicas de Madrid, Andalucía y Canarias. Un método similar al que habría utilizado en México, en la construcción del Viaducto del Bicentenario y que le costó el cargo de presidente de OHL-México a José Andrés de Oteyza.

Hace más de dos años se develó una importante trama de corrupción politico-empresarial en la que estaba en el centro OHL y diversos funcionarios del derechista Partido Popular (PP). Entre las muchas investigaciones abiertas contra esta formación política se abrió la llamada Operación Lezo, que ha sido, además, una fuente inagotable de datos comprometedores que confirmarían las prácticas corruptas tanto de OHL como de los diversos funcionarios públicos que aceptaron el pago de comisiones a cambio de contratos por obra.

Método constante

El portal informativo digital El Confidencial develó que tras dos años de indagaciones se ha llegado a una primera conclusión y es que la multinacional española habría pagado más de 40 millones desde 2003 en comisiones ilegales y con el único fin de obtener ilegalmente contratos de obra. Un método delictivo, pero que ha sido la constante de numerosas administraciones públicas españolas y también de empresas, sobre todo las vinculadas al sector de la construcción de grandes infraestructuras, como el caso de OHL. Además, se confirmaría que en el pago de algunas de esas supuestas comisiones se habría desviado desde la filial de la multinacional española en México más de un millón 400 mil euros y que se hizo por conducto de un banco suizo para pagar precisamente a los políticos que fungían como muñidores de los contratos de obra.

Según la investigación del diario español, OHL concentró presuntamente el pago de comisiones en el Ministerio de Fomento y las administraciones autonómicas de Madrid, Andalucía y Canarias.

El instructor, el juez Manuel García Castellón, acordó finalmente este miércoles el levantamiento del secreto. Las indagaciones implican en la compra de funcionarios a dos directivos de la multinacional española, que ya fueron citados a declarar en la sede judicial hace unas semanas y se encuentran imputados en la causa. El más destacado de ellos sería Felicísimo Ramos, un antiguo director de control de gestión de OHL que habría conseguido obras para la constructora durante más de dos décadas. Se jubiló en 2013 (tiene 70 años), pero su antigua empresa lo mantuvo en nómina con un extraño acuerdo de colaboración externa al menos hasta 2016.

Más implicados

La noticia de El Confidencial advierte que durante una declaración de Ramos ante la Guardia Civil admitió haber ordenado en 2007 a la filial de OHL en México que pagara el millón 400 mil euros del presunto soborno al ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la concesión del contrato para la construcción y gestión del Cercanías de Navalcarnero. Pero que el dinero finalmente nunca llegó a su destino.

Tanto la Fiscalía como la Guardia Civil mantienen las sospechas de que detrás de la trama estaría el presidente de la compañía, el empresario Juan Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid, un personaje turbio que fue precisamente el responsable del desembarco de la constructora en México, en parte gracias al apoyo de Emilio Lozoya, quien era entonces director de Petróleos Mexicanos y hombre muy cercano al entonces mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

De hecho, López Madrid está acusado de malversación, organización criminal, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y fraude. Si las investigaciones contra Villar Mir prosperan se prevé que sea acusado de los mismos delitos, si bien todavía se están recabando los datos y las pruebas necesarias por el juez.