l 13 de marzo fui invitado a hablar ante el Consejo Ejecutivo de la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), la central sindical más grande de Estados Unidos. A esa reunión también asistió el doctor Jesús Seade Kuri, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, quien sostuvo un diálogo intenso con las y los presidentes de los principales sindicatos de nuestro país vecino, integrantes de la federación gremial.

En mi exposición empecé por agradecer la solidaridad que la AFL-CIO mostró en 2011 cuando me honró con su prestigiado galardón de derechos humanos Meany-Kirkland, condecoración que se otorga a las personas que se han distinguido por su lucha en favor de los derechos humanos y se otorga una vez al año.

En el momento en que me honraron con el reconocimiento no pude ir a Washington para recibirlo en persona debido a la persecución política del gobierno de Felipe Calderón, por lo que mi esposa Oralia lo aceptó en mi lugar en presencia de líderes políticos e invitados especiales. Nunca olvidaremos la amabilidad y la solidaridad que toda la familia de AFL-CIO nos brindaron en aquel momento. Me dio mucho gusto el anuncio que este año el premio fue conferido al dirigente sindical metalúrgico y ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ahora preso político del gobierno fascista de Jair Bolsonaro.

Yo represento una prueba de que la solidaridad laboral internacional funciona. El año pasado el pueblo mexicano se levantó contra décadas de opresión por parte de la oligarquía y votó de forma abrumadora por Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. Como parte de esta aplastante victoria, fui elegido para el Senado de la República.

Ahora el gobierno del presidente López Obrador está enfocado en desmantelar las estructuras políticas corruptas y violentas que han perpetuado la pobreza y desigualdad por tantas décadas, y crear nuevas instituciones que inviertan en educación y buenos empleos para todos los mexicanos.

En ninguna parte es esta tarea más urgente que en el área de los derechos laborales. Durante 80 años los trabajadores mexicanos han sido controlados por los llamados sindicatos de protección o blancos impuestos por los gobiernos y sus aliados corporativos, incluidas empresas multinacionales como General Motors, Nabisco y Goodyear. Hoy, la gran mayoría de los trabajadores que desean desesperadamente un gremio no pueden escoger su organización, elegir a sus líderes o ratificar sus contratos de manera democrática por los controles oficiales que se les impusieron en el pasado.

Es por eso que los salarios en la industria manufacturera en Estados Unidos promedian 10 veces más que en México, igual que cuando el TLCAN entró en vigor hace 25 años. Es por eso también que los obreros de las nuevas plantas automotrices en México ganan menos de dos dólares por hora en virtud de los contratos de protección patronal. Y es por lo que decenas de miles de trabajadores en Matamoros, Tamaulipas, se han declarado en huelga en meses recientes para exigir aumento salarial y democracia sindical. Los trabajadores mexicanos exigen un cambio y lo quieren ahora.

El Senado mexicano ya ha dado un paso contundente al aprobar el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva que tuve el honor de presentar por iniciativa propia ante el Senado de la República. Este mes, el Congreso comenzó a debatir la reforma fundamental de la legislación laboral mexicana para dar efecto a ese pacto, la reforma Constitucional de 2017 y los compromisos negociados en el anexo laboral del T-MEC (Tratado de Libre Comercio México-EU-Canadá). Esto obliga a establecer tribunales laborales independientes, el voto personal, libre y secreto sobre los representantes y los contratos colectivos, así como reglas justas para los recuentos sindicales.

Pero hay mucho trabajo por hacer. Incluso la propuesta de reforma presentada en la Cámara de Diputados, por iniciativa del grupo parlamentario de Morena no garantiza que los trabajadores tengan el derecho de ratificar sus contratos, como lo exige el anexo laboral del T-MEC. Y los sindicatos blancos y sus aliados políticos trabajan arduamente para debilitar aún más la legislación sugerida.

Es por lo anterior que los sindicatos democráticos en México, EU y Canadá deben defenderse ahora en torno a tres demandas clave: Primero, debemos exigir –juntos– que la reforma a la legislación laboral de México cumpla plenamente con el anexo negociado por nuestros gobiernos. Los trabajadores deben poder elegir a su sindicato o no pertenecer a ninguno, elegir a sus líderes y ratificar sus contratos de manera democrática.

En segundo lugar debemos insistir en que el T-MEC incluya disposiciones de cumplimiento estrictas para garantizar que cada uno de los tres países respete los derechos laborales fundamentales. Las empresas ya tienen que certificar que cumplen con las normas comerciales para exportar en virtud del TLCAN. ¿Por qué no hacerles cumplir también los derechos laborales? Se han permitido inspecciones transfronterizas en casos de contaminación de los productos agrícolas. ¿Por qué no las permitimos para graves violaciones como el trabajo infantil y forzado en las cadenas de suministro?

Tercero, debemos trabajar juntos para construir y fortalecer los sindicatos democráticos en México y desenmascarar a los empleadores que violan los derechos de los trabajadores. La nueva Confederación Internacional de Trabajadores, que tengo el honor de presidir, tiene un compromiso histórico con la democracia sindical y la solidaridad internacional.

Ahora es el momento de derribar muros y construir puentes. Juntos, los trabajadores en América del Norte pueden crear una economía basada en salarios justos y prosperidad compartida. Podemos fortalecer el consumo, eliminar los aranceles injustos sobre el acero y el aluminio mexicanos. Juntos podemos enfrentar y defender la imparcialidad en la economía global. De esa manera podremos construir esos puentes con acero producido en América del Norte y conducir vehículos fabricados y ensamblados en la región por trabajadores de México, Canadá y Estados Unidos que deberán gozar de derechos democráticos, mayor justicia y una vida digna.