Madrid. En septiembre del 2015 –hace menos de cuatro años– hubo unanimidad en España. Tanto en los grupos de izquierda como de la derecha no hubo dudas: había que reparar a la comunidad sefardí, a todos los descendientes de los judíos expulsados de España y Portugal a partir de 1492, en una de las mayores diásporas de un pueblo por motivos raciales.

El Estado español decidió elaborar una nueva ley en la cual se reconocieran los derechos históricos de esa comunidad, entre ellos el de la nacionalidad, y se exaltara la riqueza del idioma que hablan hasta la fecha –el judeoespañol.

En un gesto inédito en la historia de España, no sólo se aprobó una ley especial con el voto en favor de todos los partidos políticos del arco parlamentario, sino que también se celebró la entrada en vigor de esa nueva norma con un acto solemne en el Palacio Real de Madrid, presidido por el rey de España, Felipe VI, quien reconoció el enorme daño que se había causado a esa comunidad en aquellos años, en los que fueron desterradas decenas de miles de familias y de las que se calcula que actualmente hay más de 3 millones 500 mil personas diseminadas en América Latina, Estados Unidos, Turquía y los Balcanes.

El entonces ministro de Justicia, el conservador Rafael Cataló, afirmó en esa ocasión que con esa ley y el acto solemne se pretendía una reconciliación no sólo con los descendientes de los judíos expulsados en 1492, sino también con el pasado español y con su vocación presente de sociedad abierta.