La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó al Senado que, a raíz de que se implementó la evaluación del servicio profesional docente, a mil cinco maestros les fue dejado sin efecto el nombramiento correspondiente, sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, por no presentar alguna de las evaluaciones previstas en la ley general del servicio citado.

Adicionalmente, refirió, otros 488 maestros que contaban con nombramiento antes de la entrada en vigor de la citada norma y que no obtuvieron un resultado de suficiente en la tercera oportunidad del examen de desempeño, fueron adscritos a otras tareas en la SEP, de acuerdo con el artículo octavo transitorio de la ley aludida.

La dependencia envió la información en respuesta a un punto de acuerdo presentado por el senador de Morena Miguel Ángel Navarro Quintero, quien solicitó la reinstalación de todos los profesores que fueron cesados como resultado de la aplicación de la evaluación del servicio profesional docente.

Navarro señala en el punto de acuerdo del 18 de octubre pasado, que la aplicación de la prueba fue rechazada por gran número de docentes, que de manera organizada hicieron válido su derecho a manifestar públicamente su inconformidad, lo que ha traído como consecuencia el despido de más de 10 mil maestros, bajo el argumento de no haber asistido a las evaluaciones.

Subraya que es necesario que la sociedad sepa que la reforma educativa conlleva sometimiento de los trabajadores de la SEP a un nuevo esquema que elimina derechos laborales que “fueron conquistas justas, contenidas en el Reglamento de las Condiciones Generales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1946”.

Agregó que para aplicar la prueba a todos los maestros que son notificados que tienen que llevar a cabo el examen, se les pide ingresar a una página de Internet para que aporten sus datos. De acuerdo con información proporcionada, una vez que entran al sitio les piden que llenen un formato; luego se les presenta una carta de compromiso por medio de la cual se les solicita que al realizar dicho trámite renuncien a su situación laboral anterior, derechos y prestaciones de que gozaban hasta ese momento. Si se niegan a aceptar esas condiciones, el sistema del programa ya no acepta que se continúe con el trámite y queda suspendido el procedimiento.

Navarro resaltó que el fortalecimiento a la educación no se debe ni se puede basar en la violación de los derechos laborales de los maestros, y el Senado no puede aceptar ni permitir que se legalice e institucionalice la injusticia.