Chihuahua, Chih., La mañana del jueves 23 de marzo de 2017 fue asesinada Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, de ocho disparos calibre .38 afuera de su casa ubicada en la colonia Lomas Vallarta.

Dos sujetos integrantes del cártel de Los Salazar a bordo de un automóvil Malibú Chevrolet gris la esperaban, uno descendió del auto y caminó hasta la camioneta de la reportera –fuera de su vivienda donde esperaba a su hijo Carlos para llevarlo a la escuela– y le disparó sin mediar palabra.

En declaraciones de ese día, el gobernador Javier Corral Jurado se comprometió a esclarecer el crimen, dijo que Miroslava era su amiga pero aseguró no haber tenido noticia de las amenazas de Los Salazar; meses después, las hermanas de Miroslava lo desmintieron y dijeron que el gobernador negó protección a la reportera.

La periodista Olga Aragón refiere que panistas presionaron a Miroslava Breach y a Patricia Mayorga, corresponsal del semanario Proceso en Chihuahua, para que revelaran las fuentes de sus reportajes sobre narcopolíticos.

Alfredo Piñera Guevara, vocero estatal del PAN y actual asesor de la bancada panista en el Congreso del estado, pidió por teléfono a Miroslava revelar sus fuentes sobre un reportaje publicado el 4 de marzo de 2016 en La Jornada, el cual denunciaba la imposición de candidatos por parte del cártel de Los Salazar previo a la elección local de ese año en municipios serranos de Chihuahua.

El entonces portavoz panista grabó la llamada y permitió que se entregara a los sicarios que asesinaron a la reportera, hechos que documentó la Fiscalía de Chihuahua, junto con testimonios del alcalde panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien al recibir amenazas de los criminales le advirtió a Miroslava que no podía pisar ese municipio serrano.

De todo esto tuvo conocimiento José Alberto Luévano Rodríguez, entonces dirigente estatal del PAN, secretario particular del gobernador Javier Corral cuando ocurrió el homicidio y ahora director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa; fue él quien instruyó a Alfredo Piñera llamar a Miroslava para que aceptara la responsabilidad del reportaje publicado ante las amenazas de Los Salazar.

La carpeta de investigación de la Fiscalía de Chihuahua y que después atrajo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, no profundiza en los vínculos entre partidos, candidatos e integrantes del crimen organizado, línea de investigación que se omite pese a la grabación de la llamada telefónica entre la periodista y Alfredo Piñera, presentada como elemento de prueba para acreditar la responsabilidad de Juan Carlos Moreno Ochoa, único detenido por el crimen y encarcelado en espera de juicio oral.

La indagatoria tampoco aclara ni investiga la forma en que los sicarios localizaron el domicilio de Miroslava Breach en la ciudad de Chihuahua, pues según la Fiscalía en un lapso de apenas tres días lograron saber dónde vivía la periodista, vigilaron sus movimientos y planearon el asesinato.

En los días posteriores al asesinato, Javier Corral aceptó que los autores del homicidio eran narcopolíticos y ofreció justicia; dos años después, Alfredo Piñera es asesor del grupo parlamentario del PAN en el Congreso local, y José Luévano ocupa un cargo en la administración estatal.