La iniciativa de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados para que todos los contratos firmados por secretarías con terceros o con otras dependencias sean signados directamente por su titular, con la idea de evitar que funcionarios menores sean los únicos inculpados en caso de malos manejos, es un gesto positivo para evitar nuevos episodios de corrupción, pero tendría que diseñarse un esquema preventivo, no sólo acciones reactivas, señalaron especialistas.

Liliana Veloz, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, subrayó que es necesario contar con mecanismos que contribuyan a evitar que se diluyan las responsabilidades de los servidores públicos de mayor rango en los casos donde las secretarías a su cargo se ven envueltas en presuntos daños patrimoniales, por lo que la propuesta dada a conocer por el diputado morenista Carol Altamirano puede ser un avance.

“Está bien decir: ‘tú firmaste y tú te haces responsable’, pero hay que ir un paso más allá y generar un sistema de inteligencia con todos los datos que nos han dado los estudios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el seguimiento del gasto público, que permita proyectar riesgos y evitar” que ocurran nuevos casos de presunta malversación de fondos públicos, señaló.

Gabriela Morales, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que es necesario contar con mecanismos para que la cadena de responsabilidades quede clara en caso de malos manejos de fondos públicos, pero también utilizar mejor los datos que han aportado los procesos de fiscalización de la ASF.