Un juez federal vinculó a proceso a Gerardo Ávila García, ex secretario de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al causar supuesto quebranto a la hacienda pública por casi 23 millones de pesos.

Asimismo, Orlando Íñiguez Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, concedió como medida cautelar que el imputado se presente a firmar cada 15 días en el Centro de Justicia Federal de Morelos y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que vence en junio.

Ayer continuó la audiencia inicial de vinculación a proceso, en la cual el impartidor de justicia dijo a Gerardo Ávila que actuó de mala fe y con dolo, cuando el 15 de agosto de 2014 suscribió el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013, entre la ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles, y la UAEM.

Subcontrató más de 92% del trabajo encargado

El acuerdo era para mejorar el proceso de gestión documental de la secretaría en la atención ciudadana, mediante un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.

Para la fiscalía fue un contrato indebido, ya que de acuerdo con los datos de prueba, las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar a un tercero más de 49 por ciento de lo acordado; sin embargo la UAEM pagó 21 millones 333 mil pesos a Fralo Soluciones Tecnológicas, es decir, más de 92 por ciento.

De acuerdo con el juez federal, Ávila García suscribió el pacto y no se ajustó a los lineamientos, ya que a pesar de que sabía que la universidad no contaba con las capacidades técnicas y humanas para realizar dicho servicio, contrató a un tercero. Usted firmó bajo un supuesto que no correspondía a la realidad.

Además, se violaron varios postulados de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que a la entidad que se le adjudicó el contrato, en este caso la UAEM, no tuvo capacidad de cumplir con la responsabilidad adquirida.