Milán. La posible inclusión de Arabia Saudita en el consejo de administración de La Scala de Milán, a cambio de una ‘‘donación” de 15 millones de euros que aportaría en cinco años, ha concluido con la negativa unánime de los integrantes de ese órgano del teatro, en la sesión del lunes.

De haberse aceptado esa propuesta, Arabia Saudita se habría sumado a miembros fundadores del teatro, entre los que destacan las firmas Pirelli y Fininvest.

El consejo, que inicialmente se inclinó por la admisión, terminó por retractarse tras la tormenta política y la oposición de todos los partidos, que arreciaron el domingo pasado por un nuevo escándalo.

Los periódicos difundieron la noticia de que Alexander Pereira, director ejecutivo y artístico de La Scala, había aceptado –sin que el consejo de administración tuviera conocimiento– los primeros 3.1 millones de euros, depositados por Arabia Saudita a finales de febrero.

Al terminar la reunión del consejo, Giuseppe Sala (Partido Democrático), alcalde de Milán y presidente de ese órgano, aceptó que la negociación con Arabia Saudita estuvo mal gestionada y dijo que el dinero será devuelto, dejándole ‘‘la puerta abierta para eventuales colaboraciones técnico-artísticas”. Además, sin discusión alguna el cargo de Pereira queda firme hasta el término de su contrato en 2020.

Iniciativa desesperada

Pereira declaró en las semanas recientes que el primero en proponer una colaboración entre el teatro y el gobierno saudita fue Max Ferrari, periodista y político, amigo cercano del vicepresidente y ministro de Interior del gobierno de Italia, Matteo Salvini, y colaborador del presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana. Éste afirmó que supo del depósito por Pereira el pasado 8 de marzo, pero no quiso hacerlo público ‘‘por respeto a la principal institución musical del país”, concluyendo que el comportamiento del director de La Scala habría ‘‘provocado su despido en cualquier latitud”.

El interés de Arabia Saudita por La Scala se inscribe en un plan socioeconómico del país árabe con el fin de diversificar su economía dependiente del petróleo. Eso está explicado en el documento Saudi Vision 2030, impulsado por Mohammed bin Salmán, príncipe heredero, publicado en 2016, donde para el gasto en actividades culturales se estima un incremento de 2.9 a 6 por ciento, junto con una pretendida ‘‘modernización” del fundamentalismo wahabita.

Sin embargo, el caso del periodista Yamal Khashoggi y la violación a los derechos humanos; el encarcelamiento de activistas políticos, la tortura, la pena capital que se ha duplicado (según Human Rights Watch se efectuaron 138 ejecuciones entre julio de 2017 y febrero de 2018 y 68 en el periodo anterior) lo hacen blanco de severas críticas.

La bloguera saudita Omaima al Najjar, refugiada política en Italia, entrevistada por La Repubblica dijo: ‘‘Arabia Saudita trata de limpiar su imagen después de lo que ha hecho en los últimos meses. La suya es una iniciativa desesperada’’.