En el transcurso del presente año, alrededor de 2 mil 800 internos con un perfil de alta peligrosidad que se encuentran en penales estatales serán trasladados a prisiones federales; además, se preparan ante el posible aumento de personas detenidas por la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

Entrevistado por La Jornada, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, explicó que también se prevé por parte de las autoridades estatales el cierre del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, Nuevo León, para construir uno mejor equipado; mientras tanto, los internos serán trasladados a otros penales con apoyo del gobierno federal.

Hay que prever la posible inflación penitenciaria que podría haber ahora con las reformas al 19 constitucional relativas a los delitos oficiosos nuevos que pueden darnos esa inflación de la población penitenciaria en los centros federales de readaptación social, señaló.

Informó que durante la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario realizada el sábado en Tlaxcala, se habló de los traslados de las prisiones estatales a federales en aquellos casos en que haya una sobrepoblación y que esté en riesgo la estabilidad del Centro de Readaptación Social (Cereso). También intervinieron los estados para demandar mayor presupuesto destinado al fortalecimiento de las prisiones estatales y se les informó que habrá un aumento de 7 a 15 por ciento en el apoyo al sistema para el mejoramiento de la infraestructura.

Respecto del traslado paulatino que se hará durante todo el año a penales federales, Garduño mencionó que por el momento ya reubicaron a 240 internos en Zacatecas, cuatro de Chihuahua, 27 de Ciudad de México y seguirán con presos de Nayarit, Tamaulipas y Nuevo León.

Dijo que se va a apoyar con todo en Nuevo León, porque ellos traen un proyecto de reingeniería total en el Cereso, piensan reconstruir Topo Chico, cerrarlo para que se dé otra etapa porque no se ha cuidado la administración, la gobernanza y fue tomada por el crimen organizado.

En lo que se refiere a los traslados de internos, adelantó que lo que necesitan es establecer una comunicación con el Poder Judicial, porque es autoridad ordenadora y nosotros ejecutora.

Nada más que si es autoridad ordenadora, entonces está en el ámbito de invasión de poderes del Ejecutivo, porque si también intervienen en ejecución de sentencia eso es conflicto de poderes, indicó Garduño.

En ese sentido agregó que la próxima semana se reunirán con el Consejo de la Judicatura Federal para concertar mecanismos en tanto se analiza la ley sobre el hecho de los jueces que otorgan amparos a internos para que no sean trasladados a otro penal.