La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó un recurso de revisión contra la sentencia en la que un juez de distrito en materia administrativa ordenó al Estado mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sis siglas en inglés), con el fin de recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito.

El 28 de enero del presente año La Jornada dio a conocer que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa, con sede en Ciudad de México, otorgó un amparo a la familia Trujillo Herrera –cuatro de cuyos integrantes fueron víctimas de desaparición, dos en 2008, en Guerrero, y dos más en Veracruz, en 2010– en el que dijo que las autoridades federales fueron omisas para llevar a cabo los procesos que permitan la admisión de la competencia del CED, lo que vulnera el derecho de las víctimas a acudir a instancias internacionales como un recurso más para acabar con la impunidad en este ilícito, lo que entorpeció sus garantías fundamentales, por lo que dio 60 días para acatar el fallo.

No se convalida la política de protección de derechos

Luis Tapia, coordinador del Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) –instancia que acompaña legalmente a la familia Trujillo– informó en entrevista que la cancillería presentó un recurso de revisión contra la sentencia del juez, por lo que en caso de que la dependencia no se desista corresponderá resolver el trámite al vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. El Prodh presentó en respuesta un recurso de revisión adhesiva, en el que expone una serie de puntos contra las premisas expresadas por la cancillería.

Para el litigante, la decisión de la SRE representa perder la oportunidad convalidar la política en materia de derechos humanos del nuevo gobierno federal, por lo que llamó a la dependencia a retirar el recurso de revisión y cumplir la sentencia.

Hacerlo, subrayó, iría en sintonía con lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quienes han dicho que el actual gobierno está abierto al escrutinio de instancias internacionales. Encinas afirmó que México reconocería la competencia del CED, e incluso, remarcó Tapia, la semana pasada el Estado mexicano aceptó 262 de 264 recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellas aceptar al CED.

En el documento presentado por la SRE se expresan cinco argumentos contra la sentencia, como el de que viola el principio de relatividad de las sentencias porque beneficiaría a personas ajenas al juicio de amparo. En respuesta, el Prodh apunta en su propio recurso que con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos hay una reinterpretación de ese principio, y la Suprema Corte de Justicia ha resuelto que ya no es absoluto.

Otras premisas de la cancillería son que la sentencia invade la competencia del Ejecutivo federal para dirigir la política exterior del Estado mexicano, que el reconocimiento del CED es potestativo y discrecional, por lo que no existe obligación de aceptar su competencia; que las familias pueden acudir a otras instancias internacionales y que el juzgador ignoró que reconocer al comité es un proceso que puede llevar varios años.