Las políticas públicas ajenas a la conservación ambiental implican pérdidas para la economía mexicana. En el último año los costos por la degradación ambiental ascendieron a 947 mil millones de pesos, que equivalen a 4.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), informó Josefa González Ortiz Mena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De no impulsar políticas para la mejora del aire podríamos tener costos que ascienden a 20 mil millones de pesos al año. De hecho anualmente al país le cuesta mil 600 millones de pesos el tratamiento médico y las pérdidas de productividad causadas por la contaminación del aire, advirtió durante su participación en el foro nacional Planeando Juntos la Transformación de México.

Destacó que en general la dimensión ambiental tiene una deuda con el pueblo de México, pues no se ha logrado integrar con el bienestar social. Por ende, dijo, la ruta que se plasmará en el Plan Nacional de Desarrollo en este tema será darle prioridad a las comunidades indígenas. Ellos siempre serán primero, por sobre otros intereses, aseguró la funcionaria.

González Ortiz Mena también llamó a la salvaguarda del medioambiente desde todas las trincheras, porque en la actualidad la amenaza global es el ecocidio, adviritó.

Políticas fallidas

Al tomar la palabra Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó que en las décadas recientes el territorio se ha regido por una visión de desarrollo territorial que soslayó el impacto ambiental. En general, dijo, las políticas públicas que se llevaron a cabo se caracterizaron por una planeación fragmentada que devino en brechas de desarrollo entre todas las regiones del país.

La mayor preocupación de los gobiernos en turno se concentró exclusivamente en el desarrollo económico del que en realidad se beneficiaron muy pocos. Se sacó provecho de nuestras tierras a costa de empeñar el bienestar económico, ambiental y social de México y sus próximas generaciones, acusó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 480 municipios que representan una quinta parte del total del país, son los más vulnerables a sus efectos. La mayoría se localizan en la región sur-sureste del país, donde se combinan la pobreza y el rezago social a pesar de la biodiversidad de la región, explicó Meyer Falcón.

Estamos convencidos de que en el Plan Nacional de Desarrollo es indispensable el enfoque territorial y de sostenibilidad. Sólo con él podremos construir estrategias que nos permitan empezar a corregir y revertir los efectos que dejó el modelo neoliberal sobre nuestro territorio, puntualizó.