En los 100 primeros días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha abierto casi el mismo número de investigaciones que las realizadas en todo el año pasado. Hasta ahora se busca que por probables faltas administrativas se devuelvan a la Tesorería de la Federación 793 millones de pesos, expuso Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia.

Detalló que entre el primero de diciembre de 2018 y el 4 de marzo se han turnado 23 investigaciones a las áreas correspondientes, 133 expedientes de evaluación patrimonial, 68 análisis de incompatibilidades patrimoniales, 12 mil 500 constancias de inhabilitación y no inhabilitación de servidores públicos, además de que se han realizado más de 150 audiencias por controversias de contrataciones públicas.

Las presuntas faltas administrativas por probables delitos administrativos incluyen una cuantía de 793 millones de pesos, que muy probablemente serán regresados a la Tesorería de la Federación, aseguró la titular de la SFP durante su participación en el foro nacional Planeando Juntos la Transformación de México, convocado por la Presidencia de la República.

En este contexto, dijo que acorde con el fin de la política neoliberal decretada por el Presidente y el combate a la corrupción que se delineó como uno de los tres pilares que integrarán la política del gobierno en los próximos seis años, la SFP dará mayor peso a la sanción de funcionarios públicos sobre los que se presuman actos de corrupción. “Seremos y nos comprometemos a ser una especie de ‘ministerio público de la probidad’”, advirtió.

A reforzar la vigilancia

Añadió que procurará dejar de lado la austeridad neoliberal que priorizó el bienestar de ciertos intereses y de unos cuantos y cuando en el régimen pasado la SFP tuvo una función fallida y no cumplió con su mandato. Además, se reforzará la vigilancia para que el dinero público no se deseche en gastos vanos.

En nuestra visión para 2024, la corrupción se castigará, el derroche se eliminará, la ineficacia se terminará, la fiscalización de los fondos públicos se ciudadanizará, a la denuncia ciudadana se le protegerá, la transparencia se garantizará y se generarán ahorros en los recursos públicos orientados a satisfacer los objetivos del desarrollo nacional, recitó frente a representantes de comunidades indígenas, académicos y activistas invitados a Palacio Nacional.

Sandoval expuso que como parte del robustecimiento de la fiscalización del servicio público se trabajará en fortalecer el Servicio Profesional de Carrera y se buscará mejorar la capacitación de los funcionarios que tienen el primer contacto con los ciudadanos. Desde el primero de abril, anunció, también toda la nómina gubernamental se hará pública mediante Internet.

La implementación de nuestra ley de austeridad republicana de Estado, así como la aplicación de la política de transparencia que nos ha encomendado el Presidente, será de la mayor importancia para estos objetivos, recalcó.