La Secretaría de Gobernación (SG) ha recibido en los primeros tres meses del sexenio 368 solicitudes de revisión de posibles casos de presos políticos. Hasta el momento 22 de ellos han conseguido la libertad y el resto de los expedientes sigue en análisis.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG, destacó la situación de seis defensores del agua de Tlanixco, estado de México, liberados en cumplimiento de las opiniones (señalamiento de errores procesales) emitidas por diversos organismos de Naciones Unidas.

Los activistas fueron a prisión en 2007; sobre tres de ellos pesaba la sentencia de 50 años por el asesinato de un empresario en 2003.

En un reporte por los primeros 100 días de gobierno, la subsecretaría a cargo de Encinas señaló que el respeto a la dignidad y los derechos humanos es el eje de la política de la nueva administración.

Encinas informó que actualmente se protege a 831 personas. De ellas, 298 son periodistas y el resto, defensores de derechos humanos.

Agregó que en coordinación con los familiares de víctimas de desaparición forzada se ha concluido la primera fase del programa de aplicación de la ley general en materia de desaparición, además del sistema nacional de búsqueda y el Instituto Nacional Forense. Precisó que a la fecha hay 13 comisiones estatales instaladas (de 32 entidades).

Asimismo, funcionarios de la SG han participado en brigadas de búsqueda en Colima, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, así como en la puesta en operación de un panteón forense en el estado de México.

La dependencia indicó que habilitó una línea telefónica de emergencia disponible las 24 horas.

Del caso Ayotzinapa recordó que el 3 de diciembre el Presidente de la República firmó el decreto por el cual se instruyó la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia.

Hasta el momento se han realizado dos sesiones ordinarias y se firmó el convenio de atención médica del Estado mexicano a los familiares de las víctimas.

Se ratificó además el compromiso con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de crear la fiscalía especial para el caso Ayotzinapa y está por concretarse la cooperación internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el tema de identidad de las personas, el Registro Nacional de Población logró la emisión de 133 millones de claves únicas.

Señaló que este mecanismo, conocido como CURP, es el identificador único de población; en los primeros 100 días del sexenio el rango de claves validadas con actas de nacimiento pasó de 56 a 133 millones, el doble que en administraciones anteriores.

El siguiente paso, informó Encinas, es inscribir a los marginados: Nos hemos propuesto abatir el millón de mexicanas y mexicanos sin registro. Informó que de diciembre a la fecha se inscribió a casi 20 mil personas en comunidades de Papantla, la sierra Zongolica y el municipio Filomeno Mata, en Veracruz. En esta última localidad se asentó a 4 mil 350 personas en una jornada.