os que votaron por Morena establecieron un pacto tácito: llevar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al gobierno y darle mayoría en el Congreso para que dispute el poder, que sigue estando en manos de la derecha política y social. Para esos votantes lo prioritario es reducir drásticamente la desigualdad en los ingresos y la pobreza por medio de incrementos generales en los salarios directos y en los indirectos o diferidos (jubilaciones y pensiones, educación, sanidad, subsidios al transporte y a ciertos insumos productivos y consumos vitales, como las medicinas o algunos alimentos básicos).
Para ellos la cuestión es clara: hay que trasladar a la producción y a la elevación del nivel de vida la riqueza obtenida por las empresas trasnacionales y los multimillonarios que están ganando como nunca mediante la explotación de los trabajadores y de los recursos nacionales.
Ese traspaso de riqueza es prioritario, como también lo son los derechos que lo refuerzan y defienden, como el respeto a los Acuerdos de San Andrés y de los derechos de los pueblos indígenas. O acabar con los feminicidios, lo cual incluye la despenalización del aborto, ya que es enorme el número de mujeres pobres que mueren debido al oscurantismo medieval de quienes, por razones religiosas, niegan el derecho a abortar en condiciones seguras y legales a las embarazadas que se ven obligadas a recurrir a esa opción extrema.
Son los indígenas quienes deben determinar libremente si sus derechos son prioritarios o no, como son las mujeres y sólo ellas las que deben decidir en una consulta libre si la despenalización del aborto es un tema prioritario. El paternalismo de quienes piensan y deciden en nombre de los oprimidos, pero siempre a espaldas de ellos es una de las características más nocivas del pasado reciente y debe ser erradicado y remplazado por la democracia.
Otra prioridad es la defensa de los puestos de trabajo. Los trabajadores en huelga de Tamaulipas están enfrentando la represión de los charros unidos a la patronal y a las autoridades, de una justicia de clase que declara ilegal una huelga generalizada y de un capital ávido sólo de ganancias que, para romper la huelga, se va de la nación dejando un reguero de desocupados. La lucha en Tamaulipas es una lucha de todos y debe ser apoyada y defendida por todos.
El gobierno nacional debe respaldar y satisfacer a los huelguistas, ayudarles a echar a los charros vendidos mediante elecciones sindicales limpias y controladas, revisar los fallos de jueces indignos y hacer funcionar las empresas abandonadas por sus propietarios como forma extrema de lockout.
Es evidente que el pacto entre los votantes de Morena y AMLO choca frontalmente con lo firmado por éste con las fuerzas armadas, las trasnacionales y los grandes capitalistas nacionales entrelazados con aquéllas. La prioridad, por tanto, debe concederse a los votantes que quieren decidir lo que para ellos es fundamental, no a quienes ponen en primer plano el aumento de la riqueza extraída mediante la explotación de los trabajadores y la depredación del territorio a costa de un desastre social y ambiental que hipoteca el futuro.
Si los votantes de Morena no se mueven, no actúan por sí mismos, no deciden lo que debe cambiar prioritariamente y se organizan para concretar su decisión y, en cambio, se limitan a esperar lo prometido, las promesas de AMLO dependerán de las presiones de la derecha sobre un gobierno donde ésta ocupa importantes posiciones.
El Presidente de México, como hizo en su momento la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, se opone hoy a discutir la despenalización del aborto para no chocar con el PES y con la jerarquía católica que están habituados a decidir sobre los cuerpos de los niños y de las mujeres. Las mujeres –entre éstas, las de Morena– deben recordarle que no fue elegido ni por el PES ni por el Vaticano y decidir por sí mismas, movilizándose, tal como hacen los campesinos autoorganizados en policías comunitarias o los trabajadores de Tamaulipas.
Actualmente las mujeres mixes y zapotecas bloquean carreteras en Oaxaca contra el Proyecto transístmico que –con el tren, las autopistas, los plantíos masivos de frutales, la extensión de los parques eólicos y, sobre todo, la especulación inmobiliaria– transformaría profundamente el territorio, con funestos resultados ecológicos y sociales.
Igual resistencia ofrecen los pueblos que son víctimas designadas de obras como la del Tren Maya y que ven cómo han comenzado ya los desmontes en Campeche. Otras voces deben unirse a estos reclamos. El agua, los bosques, el territorio y la calidad de vida de los mexicanos tienen prioridad sobre las ganancias de los capitalistas.
Es positivo, por último, que el gobierno, curándose en salud, se niegue a seguir a Donald Trump en su aventura contra Venezuela, pero sería hora de que él y todos los mexicanos dedicasen esfuerzos importantes a la organización de nuestros conciudadanos en Estados Unidos para poder ejercer así alguna presión defensiva contra quienes los amenazan y atacan.
