El Estado mexicano aceptó 262 de las 264 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre pasado, en el contexto del examen periódico universal (EPU).

Uno de los dos exhortos de los que sólo se tomó nota fue el planteado por el Vaticano para respetar y defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Durante el periodo de sesiones número 40 del CDH, efectuado ayer en la sede de esa instancia en Ginebra, Suiza, los representantes de la delegación mexicana argumentaron que sería inconstitucional aceptar esa recomendación y citaron varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que garantizan la interrupción legal del embarazo por varias causales.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, coincidieron en que el EPU mostró que la impunidad es uno de los problemas estructurales que enfrenta México.

El CDH está integrado por representantes de todos los Estados miembros de la ONU y durante el EPU (México se ha sometido a tres: 2009, 2013 y 2018) se analiza la situación que guardan las garantías fundamentales en el país evaluado y cada Estado realiza una serie de recomendaciones que se suman en un informe final.

El último EPU para México se dio en noviembre de 2018. Algunas de las 264 recomendaciones son crear un mecanismo independiente para combatir la impunidad, con el mandato de investigar delitos atroces, las violaciones de los derechos humanos y los actos de corrupción; eliminar la violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos, y velar por las garantías de la comunidad LBGTTTI, entre otras.

Ayer, el Estado mexicano dio respuesta a la totalidad de esas recomendaciones. Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores –quien encabezó la delegación mexicana–, detalló que el país no puede aceptar un exhorto inconsistente con su marco jurídico constitucional, pues legislaciones penales locales y la federal regulan la terminación del embarazo sin responsabilidad penal en diversos supuestos, en particular en casos de violación sexual.

La otra recomendación que México no admitió es ratificar las medidas de Kampala al Estatuto de Roma, a fin de alcanzar la tipificación del delito de agresión para que pueda conocerlo la Corte Penal Internacional. El funcionario expuso que no se han concluido las consultas sobre el tema, por lo que pidió más tiempo para la toma de esa decisión.

Informó además que el gobierno mexicano creará una plataforma para procesar las más de 2 mil 800 recomendaciones internacionales que el país ha recibido desde 1994. Asimismo, colaborará con las organizaciones de la sociedad civil, señaló.