n la conferencia presidencial matutina de ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que la producción televisiva Populismo en América, concebida como parte de la campaña negra en contra del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, fue sufragada con recursos del Consejo Mexicano de Negocios, la empresa OHL y el PRI del estado de México.

Además, que la productora Grupo Tv Promo, propiedad de Alejandro Jesús Quintero Íñiguez y de sus hermanos, en los meses previos a la elección, recibió casi 48 milones de pesos del Bufete de Proyectos Información Análisis, de Federico y Ariel Berrueto Pruneda, y que fue utilizado para desviar recursos de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2012 y 2015 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2015 y 2018.

Por otra parte, el libro de reciente aparición Juntos hicimos historia, escrito por la diputada y ex coordinadora de la campaña de López Obrador, Tatiana Clouthier, da cuenta de un programa de denostación en contra del actual Presidente, encabezado por el empresario Agustín Coppel y el director de la revista Letras Libres, Enrique Krauze, y operado por su subordinado Fernando García Ramírez.

Ese programa habría derivado, entre otras cosas, en la creación del sitio web PejeLeaks, dedicado a fabricar y difundir calumnias en contra del político tabasqueño y de su familia, en la propagación de contenidos difamatorios por medio de las redes sociales y en la conformación de ejércitos de trolls y bots dedicados a atacar al candidato presidencial de Morena y a respaldar a su rival panista Ricardo Anaya.

En ese marco se habrían gestado infundios tales como la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral del año pasado. Informaciones periodísticas adicionales e independientes agregan los nombres de Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México, y Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis, a la lista de quienes financiaron tales operaciones.

En rigor, las campañas de difamación en contra de López Obrador, sufragadas por grupos empresariales y ejecutadas por consorcios mediáticos, no son nada nuevo, como no lo es la animadversión de sectores intelectuales y televisivos; así, desde el impugnado proceso electoral de 2006, la propaganda negra tuvo su correlato legítimo en intensas denostaciones al actual mandatario formuladas por comentaristas adeptos al régimen; así, la frase publicitaria AMLO, un peligro para México tuvo su equivalencia en el Mesías tropical, expresión que dio título a un libro de Krauze publicado en vísperas de aquella elección.

Dos son los aspectos novedosos de las revelaciones convergentes de estos días: por una parte, los indicios de que en los tres más recientes procesos electorales pudo haber una articulación orgánica entre las críticas al tabasqueño disfrazadas de reflexión y análisis y el fango propagandístico esparcido por empresarios y medios informativos en coordinación con los cuarteles generales panista y priísta; por la otra, el sesgo delictivo que llevó al gobierno federal a denunciar ante la Fiscalía de Delitos Electorales los hechos relacionados con la producción de la serie El Populismo en América Latina.

Más allá de que la elaboración de ese producto de publicidad política negativa pueda considerarse una infracción a las leyes electorales, la serie podría ser producto de desvíos y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por lo que hace a Coppel, Krauze y su operador, aunque el segundo se diga víctima de una persecución, no hay hasta ahora denuncia ni acción legal en contra de ellos, y de haberla no sería por sus conocidas posturas políticas e ideológicas sino por presuntos delitos electorales y lavado de dinero; es decir, por violentar el marco legal y democrático del que en tantas ocasiones se han autoproclamado defensores y garantes.

Finalmente, resulta necesario y saludable que la información comentada sea esclarecida en procesos legales regulares y apegados a derecho en los cuales se demuestre la culpabilidad o se reivindique la inocencia de los acusados y señalados y se haga efectiva la voluntad del Estado de desterrar para siempre de los procesos electorales los manejos financieros irregulares y la propaganda sucia, porque ambos, como se sabe, son mecanismos del fraude electoral.