La Auditoría Superior de la Federación (ASF) planteó que el país no puede ser realmente efectivo en la lucha contra la corrupción si no se cambia el estado en que operan las instancias en la materia en los estados.

En el foro Mejores prácticas de fiscalización, convocado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, David Colmenares, lamentó que persista la dependencia política y económica de las auditorías locales del gobernador en turno. “No importa el color; la mayoría de los mandatarios piensa que tener un auditor a modo les ayudará. Cuando las cosas fallan, fallan, y no pueden ocultarlas”, dijo.

Citó como ejemplo que en Guerrero se retuvo la transferencia de recursos a la auditoría e incluso se emprendieron revisiones personales a los encargados de realizarlas.

En un estado, no digo cuál, como el auditor no quiso renunciar, el gobierno desapareció la auditoría y constituyó otro ente, denunció.

Incluso citó que uno o dos auditores se han presentado a la ASF a “tratar asuntos del ‘señor gobernador’ o a pedir citas ‘para el señor gobernador’, cuando su papel es revisarlos. Se debe fortalecer la autonomía de esas figuras en los estados”.

Durante el foro, Rosa María Cruz Lesbros, representante del Banco Mundial, resaltó que las entidades de fiscalización deben contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas, porque no son un órgano que golpee políticamente a nadie.

Consideró que una adecuada fiscalización en el país no requiere llenar las cárceles, sino que todo servidor público y ciudadano se comporte alineado a la transparencia y rendición de cuentas del gasto.

Por ello, recomendó a la Cámara revisar si lo que se quiere con dicha medida es prevenir el uso irregular de los recursos o cazar corruptos, porque, refirió, en el sexenio pasado la Secretaría de la Función Pública contaba con 237 contralores, de los cuales 66 eran contadores y 124 abogados, es decir, operaba con un enfoque punitivo, no preventivo.

Fernanda Barrera, representante de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, informó que desde 2017 se recomendó a México revisar las licitaciones y que el gobierno federal se coordinara con el sector empresarial y las organizaciones civiles, con objeto de identificar el beneficiario final de los contratos para evitar las empresas fantasma.