La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado consideró que en los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las acciones erróneas e improvisadas en su administración han sido poco efectivas, la reducción de 50 por ciento del subsidio a operación de estancias infantiles, el aumento en el precio de las gasolinas, la desaparición del seguro popular y el despido masivo de funcionarios públicos, entre otras medidas, han provocado que se tomen decisiones que han costado miles de millones de pesos a los mexicanos.

Destacan los legisladores del tricolor que en este primer trimestre del gobierno de López Obrador más de 9 mil estancias están condenadas a desaparecer con el consecuente perjuicio a padres y madres de familia que junto a sus hijos se vieron afectados.

Además, insiste el grupo parlamentario que coordina Miguel Ángel Osorio Chong, el nuevo gobierno eliminó uno de los principales programas que atendía a 56 por ciento de los beneficiarios de los servicios de salud pública; se disminuyeron los recursos al campo, y se presentó una reforma educativa que elimina la autonomía de las universidades y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, comprometiendo la calidad de la misma.

El plan de trabajo del presidente López Obrador, añaden los senadores priístas, gira en torno a terminar las acciones supuestamente fuera de la ley y a fomentar la honestidad; sin embargo, se han presentado proyectos de infraestructura –como el Tren Maya en la península de Yucatán y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco– donde no existe planeación, autorizaciones, recursos, consultas indígenas ni análisis alguno de impacto ambiental en clara infracción a la legislación.

Además, las adquisiciones de entidades y dependencias del gobierno federal se han hecho a través de adjudicación directa, sin que este procedimiento se justifique y sin considerar las especificaciones técnicas.

Acusan los priístas que se han realizado consultas populares que no cumplen con los requisitos legales ni son realizadas por personal del Instituto Nacional Electoral (INE), y censos que no realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en franca violación a la Constitución y atropellando el principio de división de poderes al asumir facultades que corresponden únicamente a los órganos constitucionalmente autónomos.