Productores agrícolas de Sonora y Sinaloa, inconformes con las políticas de apoyo anunciadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), bloquearon este miércoles la carretera federal México 15 y dejaron varados a miles de viajeros. Por similar motivo, unos 500 productores de sorgo de San Fernando, Tamaulipas, impidieron el paso en la vía Victoria-Matamoros.

En ambas movilizaciones, los agricultores repudiaron los lineamientos de entrega de incentivos al ingreso objetivo de la Sader, que busca limitar el acceso a los apoyos a un máximo de 30 hectáreas de riego por productor.

La Asociación de Organismos Agricultores del Sur de Sonora aseguró que esa política afectará a 4.5 millones de jornaleros que laboran en 300 mil hectáreas sembradas de trigo y maíz, debido a que los propietarios de 80 por ciento de esa superficie cuentan con apoyos federales.

En el sur de Sonora el sector primario es el pilar de la economía por su aportación al producto interno bruto estatal. Imponer esta limitación obstaculizaría el desarrollo económico y social de la región, advirtió.

Los agricultores de Sonora y Sinaloa protestaron durante dos horas en los límites entre ambas entidades, en el kilómetro 69 de la vía federal México 15, la única carretera internacional que atraviesa el noroeste del país, a la altura de la comunidad Estación Don. Autobuses, camiones de carga y vehículos particulares formaron largas filas.

A su vez, unos 500 productores de sorgo cerraron por más de tres horas la carretera Victoria-Matamoros, inconformes por la reducción del área de cultivo apoyada por el programa Proagro (antes Procampo). La siembra de sorgo de temporal es la principal actividad del Valle de San Fernando, que además de esa demarcación abarca los municipios de Burgos, Cruillas, Méndez y el sur de Matamoros.

Mientras, unos 300 integrantes de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan, Jalisco, bloquearon durante al menos una hora con un tractor la carretera Guadalajara-Saltillo, al noreste de la capital jalisciense, para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una indemnización por usar sus tierras para ampliar dicha vialidad. Saúl Rodríguez, dirigente de los inconformes, aseguró que desde hace al menos 15 años se debieron pagar a los comuneros unos 42 millones de pesos.