n la conferencia presidencial matutina de ayer, en la que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, presentaron un plan de acciones emergentes para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas, Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno seguirá dando apoyo financiero a refugios para mujeres y niños víctimas de violencia operados por organizaciones de la sociedad civil. El mandatario señaló, por otra parte, que en el país existen unos 70 de esos centros y que sólo 20 funcionan sin irregularidades, dijo que en lo sucesivo el Estado asumirá su responsabilidad de cara a la protección de las mujeres violentadas y en riesgo y para tal efecto habló del establecimiento de un mecanismo de supervisión y operación conjunto que incluya a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Integral de Protección a la Familia y a las organizaciones mencionadas.
Las afirmaciones presidenciales buscan responder a las inquietudes generadas por la suspensión de la convocatoria para asignar subsidios a los refugios para mujeres que padecen violencia, dada a conocer el pasado 22 de febrero por un funcionario administrativo de la Secretaría de Salud y desmentida un día después en un comunicado de esa misma dependencia. Una polémica semejante se había suscitado previamente por la suspensión de recursos públicos a las estancias infantiles privadas, muchas de las cuales, a decir del gobierno federal, no observan las normas pertinentes o han mentido sobre el número de los infantes que atienden con la finalidad de aumentar sus ganancias de manera indebida.
Lo anterior es ilustrativo de las confusiones a las que se ha prestado en el seno del propio gobierno la Circular Uno que el propio mandatario envió a los integrantes del gabinete legal y ampliado, en la que se anuncia la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano
con el propósito de terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción
y se ordena entregar de manera directa a los beneficiarios
todos los apoyos de la nueva política social. Ello ha dado pie a anuncios precipitados, a rectificaciones parciales o totales y a enconados debates entre el Ejecutivo federal, las oposiciones políticas y colectivos sociales afectados por esa política, y ha dejado ver una preocupante descoordinación en el seno de las instituciones.
Más aún, y lo más preocupante, si bien quedan claros los propósitos de evitar el intermediarismo y combatir la corrupción y el despilfarro en la aplicación de los recursos públicos destinados al bienestar de la población, tales objetivos no se han traducido hasta ahora en un proyecto coherente y con normas claras que considere las particularidades y excepciones que deben observarse en la regla general.
A esa carencia se suman iniciativas disparatadas, como la de la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, la cual emitió un manual interno que pretende normar el comportamiento de los funcionarios de esa dependencia en entrevistas y ante los medios informativos en general, documento en el que se manifiesta una percepción deleznable de los periodistas y de su trabajo.
La descoordinación y el descontrol referidos no sólo abonan a la confusión, sino que propician la erosión de la figura presidencial, en la medida en que el propio mandatario debe salir cotidianamente a contrarrestar las críticas. Finalmente, la prisa del nuevo gobierno por emprender transformaciones de gran calado –entendible, habida cuenta del estado desastroso en el que las administraciones neoliberales dejaron a la nación– no justifica la improvisación ni la falta de sintonía entre los colaboradores del Ejecutivo federal; a casi 100 días de ejercicio del poder es exigible que el equipo de gobierno actúe con cohesión, claridad y pertinencia.
