n 1977, el presidente José López Portillo, mediante su letrado secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó una reforma política que daría presencia y recursos a los partidos de oposición (algunos hasta entonces proscritos de forma intermitente, como el Comunista Mexicano: ese registro del PCM, luego vertido en el Partido Mexicano Socialista, es el que utiliza el Partido de la Revolución Democrática) y trazaría el camino para cambios como la pionera mayoría opositora en la Cámara de Diputados, en 1997, y la primera alternancia de siglas en las sillas presidencial, en 2000 con Vicente Fox a nombre del Partido Acción Nacional y del gobierno capitalino, con AMLO postulado por el PRD.

Los incentivos que lanzó el sistema en aquel 1977 (triunfante López Portillo como candidato único a la Presidencia) consistieron en una mejorada normatividad electoral, suministro de dinero, prerrogativas y tiempo en medios electrónicos y asignación de asientos en el Poder Legislativo mediante cuotas de representación proporcional.

Al profesionalizar la actividad partidista, retribuyéndola con recursos públicos, y al garantizar tajadas plurinominales del pastel congresal, la reforma política reyesherolista inició un camino de alegre descomposición (sería muy rudo usar el vocablo prostitución) del sistema político que desembocó en su crisis escandalosa el pasado primero de julio con el sumamente reactivo triunfo de una opción distinta, la del obradorismo.

Ahora, ese obradorismo ha propuesto cerrar a la mitad la llave del financiamiento público para los partidos políticos. Es más que justificada esa intención, pues los partidos y sus camarillas dirigentes se han convertido en mecanismos groseros de disfrute de recursos públicos, un auténtico banquete de corrupción e impunidad. La otra parte del binomio nefasto la forman las instancias de organización (Instituto Nacional Electoral y su versión en cada entidad federativa, el correspondiente Organismo Público Local Electoral) y la jurisdiccional (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus expresiones regionales y locales). Miles de millones de pesos, al año, descargados en un aparato electoral oneroso y, con frecuencia, ineficaz.

Sin embargo, a diferencia de lo hecho por el presidente López Portillo en 1977, en 2018 lo que propone el presidente López Obrador (por la vía de Tatiana Clouthier y Mario Delgado, quienes ayer presentaron la iniciativa de ley correspondiente, con sus asegunes y a reserva de que se consiga la mayoría calificada para aprobarla) es el recorte del presupuesto a los partidos, lo que condenaría a todos los que no están en el poder a limitaciones contrastantes con el morenismo que ahora tendrá una enorme base electoral conformada por el activismo diario del Presidente de la República y por el uso de recursos públicos para un asistencialismo mayúsculo, que sin lugar a dudas forma una base electoral firme y perdurable.

La justa y plausible intención de reducir el presupuesto partidista a la mitad estaría fuera de las especulaciones opositoras si el propio aparato federal de distribución de recursos públicos no estuviese virtualmente asociado a la operación electoral de Morena (el coordinador de los superdelegados asignadores de recursos en los estados es Gabriel García, operador que fue secretario de organización de Morena).

En el fondo hay la tentación de suprimir partidos más o menos adversos, aunque a la vez se busque resucitar al aliado Encuentro Social y se busque acomodar una dirigencia acordada en el PRI, con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, llamado Alito, como pieza de PRIMor. La recomposición de facto del sistema electoral está en marcha.

Por cierto, el mencionado Alejandro Moreno, Alito, en su condición de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), advirtió ayer que ante los constantes abucheos orquestados por grupos simpatizantes de Morena (...) no vamos a continuar permitiendo que líderes de su partido nos quieran desacreditar para imponer su vergonzoso radicalismo.

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