Madrid. En la décima sesión del juicio en el Tribunal Supremo (TS) contra dirigentes independentistas catalanes declararon dos testigos cruciales, Enric Millo, dirigente del derechista Partido Popular (PP), y Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, quienes representan al Estado español y acusaron al gobierno autonómico catalán, presidido entonces por Carles Puigdemont, y a la policía autonómica de no cumplir el mandato judicial de impedir la celebración del referendo del primero de octubre de 2017.

Millo era el enlace del gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, con las instituciones catalanas. En su testimonio, explicó que durante aquellos meses tanto los funcionarios del Estado como los 6 mil agentes españoles desplegados en Cataluña para impedir la consulta sufrieron acoso, hostigamiento y violencia, al tiempo que defendió la proporcionalidad del operativo policial del día del referendo, que provocó que más de mil personas tuvieran que ser atendidas por socorristas, la mayoría por crisis nerviosas.

Millo señaló que la supuesta violencia de los independentistas contra la policía española tuvo sus momentos más álgidos en las jornadas del 19 y el 20 de septiembre, cuando se llevaron a cabo varios registros policiales en instituciones catalanas. También acusó a la Generalitat y a los altos mandos de los Mossos d’Esquadra de no hacer nada para impedir agresiones contra la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial del primero de octubre de 2017, acusó de pasividad a la fuerza del orden catalana a la hora de cumplir el mandato judicial de impedir la celebración del referendo independentista, puesto que estaba prohibido. Nos encontramos ante grupos de resistencia perfectamente organizados. De hecho, colocaron a niños y personas mayores en la vanguardia de las murallas humanas, explicó.