n su columna La República de las Letras (Excélsior, 28/2/19), Humberto Musacchio escribe: “Se acusa al Conacyt de que pretende imponer un modelo que atenta contra la libertad de investigación, todo porque una legisladora de Morena –una, sólo una– presentó una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que, dicen, se elaboró dentro del citado Consejo o con la activa participación de funcionarios de este organismo. De lo anterior, por supuesto, no se presentan pruebas”. Musacchio hace referencia a mi artículo: El retorno de Lysenko, publicado el martes pasado en estas páginas.

Humberto Musacchio es un gran periodista en el ámbito cultural a quien admiro y respeto, y me alegra que incursione en estos temas, especialmente en un momento en el que se inicia un nuevo gobierno y se está definiendo la política de ciencia y tecnología de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, o de la Cuarta Transformación –como lo queramos ver–, lo cual nos compete a todos.

Quien afirma que participó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la elaboración de la iniciativa presentada por la senadora Ana Lilia Rivera –que efectivamente atenta contra la libertad de investigación– no soy yo, sino la propia senadora, quien al final de su presentación ante el pleno dijo: Finalmente concluyo agradeciendo la colaboración del Conacyt y de asesores que técnicamente contribuyeron en todo momento para la elaboración del presente dictamen. Esto está filmado y cualquier persona puede consultarlo en el Canal del Congreso. ¿Puede considerarse esta confesión una prueba de la participación del Conacyt? En mi opinión sí, a menos que pensemos que pudo ser un invento de la legisladora (no entiendo por qué lo haría). Así, se puede afirmar que ella no estaba tan solita como dice Musacchio. Lo anterior justifica preguntarse a quién o quiénes dentro del Consejo iba dirigido ese agradecimiento.

Párrafos enteros en la iniciativa de decreto son coincidentes con el lenguaje empleado por la directora general del Conacyt en documentos, entrevistas e intervenciones públicas. Pero puedo agregar otro elemento: funcionarios de alto nivel en el Conacyt me han confiado que han sido testigos de que la doctora Elena Álvarez-Buylla dirigió la creación de ese documento. Esta no es una prueba determinante, pero estoy seguro de que Musacchio puede entender mejor que nadie el valor de este tipo de información, la cual, desde luego, obliga a realizar otras indagaciones para verificar su veracidad.

Celebro que Musacchio coincida conmigo en la importancia que tiene la investigación para conocer los riesgos y las oportunidades que representan los organismos genéticamente modificados (OGM). Lo mismo puede decirse de otras áreas que ahora se condenan públicamente además de los transgénicos, como la ingeniería y edición genéticas, y la biología sintética (pueden verse los comunicados de apoyo a la doctora Álvarez-Buylla). Todas con gran potencial, en salud, energía, alimentación y el avance general del conocimiento, y México no debe quedar rezagado de la investigación en estos temas. Este es el punto nodal, pues la nueva ley busca facultar al Conacyt para regular y en su caso prohibir los proyectos, no sólo en estos temas, sino que se extiende a todas las áreas del conocimiento. De ahí el atentado contra la libertad de investigación y el paralelismo con Lysenko.

Concuerdo con el columnista de Excélsior en que Monsanto y otras empresas privadas nacionales o trasnacionales pueden estar o están interesadas en los resultados de las investigaciones, no sólo sobre los OGM, sino de todos los productos del conocimiento que puedan dar lugar a ganancias, pero eso no convierte automáticamente a quienes defienden la libertad de indagar sobre los OGM o en otras áreas del conocimiento en agentes de las trasnacionales como se simplifica para lanzar alimento a los sectores más atrasados política y científicamente.

Al respecto se ha dicho que se han transferido indebidamente recursos desde el Conacyt a empresas privadas nacionales e internacionales; hasta ahora no se ha pasado de la presentación de datos parciales o filtraciones para crear cortinas de humo respecto de problemas centrales, como la propuesta de ley a la que me he estado refiriendo. Este punto se pude resolver de forma muy simple: Las autoridades del Conacyt deben presentar (están obligadas a hacerlo) un informe completo de las transferencias ilegales de recursos y en su caso realizar las denuncias ante las autoridades correspondientes para que los responsables sean sancionados y punto. Lo demás es sólo propaganda.

Reitero que el análisis y la crítica que hago a la política de ciencia y tecnología no es grilla ni busco algún puesto (no sirvo para eso) como sugiere Musacchio; tampoco van dirigidas contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; al contrario, buscan ayudarlo a no caer en la trampa de respaldar una política contraria a uno de los principios básicos de la ciencia: la libertad de investigación.