lo largo de 25 años, la ciudadanía sudcaliforniana cocinó el pastel y anteayer el presidente Andrés Manuel López Obrador puso la cereza: el definitivo no al tóxico proyecto de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones, en Baja California Sur, antes conocido como Minera Concordia y en un origen como Paredones Amarillos.

Se trata de una larga lucha ciudadana en contra de sus cuatro enemigos declarados: el proyecto minero (con distintos dueños a lo largo del tiempo) y los tres niveles de gobierno, que actuaron en contra de la ley y de los intereses de los sudcalifornianos, y descaradamente en favor de los empresarios concesionados.

En 1994 la Secretaría de Economía autorizó a la empresa Echo Bay la explotación de oro a cielo abierto de un proyecto que en ese entonces se denominó Paredones Amarillos, y en 1997 la Semarnat (por aquellos años con Julia Carabias a la cabeza) dio el visto bueno, es decir, la autorización en materia de impacto ambiental, por mucho que se tratara de un área natural protegida.

Pero la movilización ciudadana impidió el avance del tóxico proyecto, a la par que denunció la enorme telaraña de negocios, intereses y complicidades entre empresarios y gobernantes. A lo largo de los años, México SA dio seguimiento a este caso y de lo aquí publicado se retoma un apretado resumen. Va, pues.

Echo Bay no aguantó la presión y vendió su participación a la canadiense Vista Gold (con otras siete concesiones mineras en el mismo estado para la explotación aurífera en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna), empresa que en febrero de 2010 se topó ante su pretensión de cambio de uso de suelo forestal para iniciar la explotación.

Como no lo logró, la trasnacional canadiense (que conoce muy bien los tejes y manejes para hacer negocios en México) simplemente le cambió de nombre al citado proyecto: de Paredones Amarillos (como se conoció hasta febrero de 2010) pasó a denominarse Minera Concordia (a partir de septiembre del mismo año), y sin más retomó el trámite ante la Semarnat para lograr los permisos de cambio de uso del suelo forestal y otros para comenzar la explotación del área concesionada.

Por la acción ciudadana de nueva cuenta le negaron los permisos ambientales al proyecto minero (en realidad tendría que haberlo cancelado), pero la trasnacional canadiense otra vez aplicó el truco: a partir de febrero de 2012, Paredones Amarillos-Minera Concordia se convirtió en Los Cardones, tras la asociación empresarial (40-60 por ciento) de Vista Gold con el Grupo Invecture (vía Desarrollos Zapal, propiedad de Ricardo Salinas Pliego –integrante del consejo asesor de AMLO–, quien también cuenta con otra concesión minera en el estado de Sonora).

El gobierno federal nunca debió concesionar esa área natural protegida para proyectos mineros, pero la geografía mexicana está inundada de permisos de tal naturaleza, siempre con impunidad garantizada. Pero en Baja California Sur se toparon con una ciudadanía activa que una y mil veces dijo no por tratarse de una amenaza tóxica para la entidad y contravenir el decreto del área natural protegida de Sierra de la Laguna.

En cualquiera de sus tres presentaciones (Paredones Amarillos-Minera Concordia-Los Cardones) tal explotación liberaría, durante el proceso de molienda, 67 millones de kilogramos de arsénico (suficiente para envenenar a toda la población del país), que quedarían expuestos a la intemperie a perpetuidad y que con las constantes lluvias en la zona terminarían por contaminar permanentemente los acuíferos. Además, toneladas de, entre otros, plomo, cromo, uranio y torio.

Activa la explotación en Los Cardones (con una vida útil cercana a una década), se extraerían cerca de 40 toneladas de oro, para lo cual se utilizarían anualmente un millón 400 mil metros cúbicos de agua.

Las rebanadas del pastel

Se acabó, felizmente bien, pero el problema es que en esta República agujereada hay cientos de casos similares e impunes. De ahí la urgencia de revisar la política de concesiones mineras y la creciente toxicidad de los barones del ramo.

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