El amor por sus hijos ha sido más fuerte que su miedo. La ineficacia que exhibieron las autoridades para investigar los crímenes contra sus vástagos no los ha detenido. Han enfrentado un largo proceso en busca de justicia, esa por la que miles luchan en el país y han sido amenazados. Saben que sus muchachos fueron asesinados, pero no tienen idea de qué pasó con sus restos.

Ellos son los familiares de cinco jóvenes desaparecidos y ejecutados por policías de Veracruz e integrantes del crimen organizado en enero de 2016, en lo que se conoció como el caso Tierra Blanca.

Aunque sea me lo hubieran dejado en una bolsa negra. No importa que me lo hubieran dejado hecho picadillo. Yo lo hubiera ido a recoger. Lo hubiera armado como un rompecabezas. Es la voz de Gloria de la O Santos, madre de uno de los jóvenes. Sus palabras resumen tres años de rabia acumulada por el sufrimiento y la incertidumbre.

Este lunes el gobierno de Veracruz (en voz del mandatario Cuitláhuac García) asumirá la responsabilidad institucional de estos crímenes y ofrecerá una disculpa pública a los familiares de Susana Tapia Garibo, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz, quienes tenían 16, 25, 27, 24 y 25 años, respectivamente, el 11 de enero de 2016 cuando fueron detenidos de manera arbitraria en Tierra Blanca por policías estatales, quienes los entregaron a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y los condujeron al rancho El Limón, donde se les torturó y asesinó, todo durante la administración del priísta Javier Duarte.

Consuelo inalcanzable

En la ceremonia que se realizará en el Museo Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, expresará el compromiso del gobierno federal para llegar a la justicia en este caso.

Previo al acto, las cinco familias charlaron con representantes de medios de comunicación. Afirmaron que nada dará consuelo por la pérdida de sus muchachos, pero ven en la justicia una forma de cumplir con ellos y descansar.

No sanaremos al obtener justicia, pero quizás nuestro corazón se tranquilice un poco, aseguró Bernardo Benítez, padre del único joven que pudo ser identificado por un resto óseo. Y sólo la alcanzarán, advirtió, si se profundiza en la cadena de mando y se les sanciona.

Para Carmen Garibo, madre de Susana, la disculpa pública es sólo un primer acto de justicia y sobre todo representa una reivindicación para los jóvenes, pues al iniciar las indagatorias se les relacionó de forma errónea con el crimen organizado. No crean que con esto culminamos, no descansaremos hasta llegar al final.

Celestino Espinoza, abogado de las familias –que han sido acompañadas por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez–, detalló que hasta ahora han sido detenidas 21 personas por desaparición forzada, ocho eran policías y están en proceso por el fuero local y en total 24 señalados están acusados en el ámbito federal por delincuencia organizada, pero aún no hay sentencia para alguno.

María del Carmen Díaz, madre de José Alfredo, no ocultaba su dolor y esperó hasta el final. Todos sus compañeros habían expresado sus posturas y no sería la única en irse sin decir algo. Con arrojo, tomó la palabra y un intenso llanto la obligó a ser breve: Lo que pido es justicia, es lo único que pido para nuestros muchachos... ¡Justicia!