La iniciativa de ley de austeridad republicana continúa estancada en la Cámara de Diputados, ante diferencias de opinión sobre el alcance de la propuesta en la bancada de Morena, así como entre las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.

La propuesta, que tiene como objetivo erradicar los excesos de la clase política, se presentó en septiembre de 2018 y en febrero se autorizó una prórroga de 90 días para ser votada en las comisiones de Presupuesto y de Hacienda.

Aunque Morena ofreció que el dictamen se votaría esta semana, persiste el desacuerdo y a un primer proyecto se le harán nuevas aportaciones, previa consulta con los funcionarios de ambas dependencias, mientras que la oposición no tiene el tema en su radar.

Los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) que integran las comisiones donde se encuentra la iniciativa no han recibido señales de Morena de que esté por presentarse al menos un proyecto de dictamen. Y tampoco hay convocatoria a reunión para revisar algún documento.

En términos concretos no hay nada, explicaron también fuentes de la Junta de Coordinación Política. Hay una primera intención de que se aborde a finales de marzo, trascendió.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que se inició un diálogo para integrar distintas propuestas en materia de austeridad a la iniciativa de su partido. Tratamos de unificar criterios, indicó.

En la Comisión de Hacienda se explicó a este diario que había un borrador, pero que no se pudo hacer circular ante un desacuerdo entre las dos dependencias federales que intervendrán en la aplicación de la política de austeridad y de supervisión de los funcionarios.

La iniciativa de Morena plantea hacer eficiente el gasto y destinarlo al interés general, para que se liberen recursos a financiar al desarrollo. Sin embargo, en las dos comisiones no hay un cálculo del ahorro que representaría reducir toda la estructura de gobierno y persisten dos opiniones contrapuestas entre Hacienda y la Función Pública.

Además, hay un cúmulo de propuestas que se han presentado, como dar a los entes a los que la Constitución les otorga autonomía la facultad de emitir sus propios lineamientos de austeridad.

También, considerar el incumplimiento de los límites de gasto como falta administrativa grave. O bien que, en los viajes justificados, sólo se consideren servicios de hospedaje y alimentación a los funcionarios comisionados.

La iniciativa plantea que todo el servicio público sea en jornadas de lunes a sábado, pero se entregó otra propuesta para que se cambie por una de lunes a viernes, en horario extraordinario.

Morena planteó que el gasto en comunicación social sea la mitad del monto que se autorizó en el último año de Enrique Peña Nieto, pero otra sugerencia fue que se ajuste a lo estrictamente indispensable y se destine 0.15 por ciento del gasto programable aprobado.

Hay temas en la iniciativa que, por el retraso en la discusión, fueron rebasados por la realidad: el octavo transitorio proponía que Los Pinos sea utilizado como centro de arte y cultura.