a popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy grande. En febrero se ubicaba por encima de 67 por ciento, según la encuesta de Consulta Mitofsky, 4.5 puntos más que en noviembre de 2018. En otras mediciones las cifras varían, pero sirva ésta como referencia.

Este factor parece arrastrar a otras encuestas de opinión, como ocurre con el indicador de confianza del consumidor que recaban el Inegi y el Banco de México. En enero era 46 puntos, 11 por encima del mismo mes de 2018.

Dentro de ese indicador hay un rubro interesante, que corresponde a cómo se advierte la situación económica del país dentro de un año frente al actual. El registro fue 23.9 puntos mayor que el obtenido en el mismo periodo del año anterior. En comparación con la expectativa frente al año pasado, la cifra es de 12.1 puntos. Un futuro promisorio en el horizonte.

En otra encuesta, la de Bienestar Autorreportado (Biare, también del Inegi), levantada en enero entre la población adulta urbana, en una escala de uno a 10, el indicador fue de 8.4, considerado como satisfacción moderada. Este es el nivel más alto reportado desde la primera encuesta, en 2014.

Es claro que sólo unas cuantas mediciones sobre las expectativas de la población, volátiles en esencia, no constituyen evidencias de fenómenos sociales y políticos complejos, pero a algún lado apuntan.

El gobierno apenas ha comenzado su gestión y el país está en un periodo de acomodo, en el que predomina la incertidumbre, que para algunos se manifiesta en una forma de ilusión y para otros de alarma. La cuestión es que la brecha entre las expectativas y las condiciones reales de la economía expresadas en los ingresos de las familias y la calidad de vida tiene que cerrarse y ello depende de que la actividad económica crezca, con una suficiente derrama social y una capacidad sostenible de gestión financiera del gobierno.

El producto generado en 2018 repuntó 2 por ciento, en línea con el crecimiento promedio de largo plazo (desde hace tres décadas). En el cuarto trimestre de ese año la expansión fue de sólo 1.7 por ciento. El indicador que aproxima la medición mensual del producto de forma mensual registró un aumento de sólo 0.2 por ciento en diciembre.

El sector industrial se contrajo 2.5 por ciento ese mes, con una caída de 80 por ciento en la extracción de petróleo, actividad más relevante de la minería. Cayeron, igualmente, la construcción, la generación de electricidad, el turismo y la actividad del gobierno.

La información indica que se contraen los gastos en inversión, consumo y de gobierno. No se advierte de modo claro aún cómo se revertirá ese comportamiento. Ese proceso lleva tiempo, para que los recursos se materialicen en mayor producto, empleo e ingreso. El gobierno tiene que afinar su modo de gestión para cumplir con las metas programáticas del presupuesto por el lado del gasto y de los ingresos, y con ello las metas del déficit fiscal.

En la más reciente estimación del banco central sobre el crecimiento productivo de este año la cifra se ha reducido 1.6 por ciento (un rango de entre 1.1 y 2.1), lejos de la meta prevista de alcanzar 4 por ciento en el sexenio.

Uno de los puntos rasposos de la relación del gobierno con los inversionistas en bonos de la deuda pública es el que mantiene con las calificadoras. Hace unos días Standard and Poor’s rebajó la calidad de la deuda, de estable a negativa.

El argumento es que en los primeros meses de la administración se ha afectado la confianza, señalando en particular la gestión de la industria energética. Los proyectos de reforzamiento de Petróleos Mexicanos exigen fuertes cantidades de recursos públicos. Una degradación de la calidad de la deuda elevaría el costo financiero del gobierno y tensaría más la presión financiera.

Estas firmas fueron fuertemente cuestionadas en la crisis de 2018 por su falta de rigor para medir los riesgos de los instrumentos derivados, que se asociaron con las hipotecas chatarra, los cuales concentraron una brutal actividad especulativa y llevaron al colapso de los mercados.

Entablar un debate por la calificación es irrelevante políticamente. Salirse de la corrientes de financiamiento de la deuda pública es complicado, por decir los menos. Afirmar como contraargumento que aquéllas se equivocan, pues el país va bien, requerirá eventualmente una comprobación. Así se harán efectivas también las favorables expectativas de la gente que hoy existen.