La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de una acción de inconstitucionalidad presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversos artículos de la Ley de Deuda Pública de Chihuahua.

El proyecto presentado por el ministro Fernando Franco considera que algunos preceptos son inconstitucionales, pues permiten que tanto el gobierno estatal como municipales puedan contratar préstamos para cubrir gasto corriente.

La legislación impugnada por la FGR señala en su artículo 23 que los municipios podrán contratar créditos o empréstitos que comprometan al municipio por un plazo mayor al del periodo en funciones, siempre y cuando: el pago de la deuda contraída y sus intereses no exceda del periodo de las siguientes dos administraciones municipales; medie autorización de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes; el monto pendiente a cargo de las subsecuentes administraciones municipales no exceda a 10 por ciento del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior al que se hayan celebrado los contratos.

Asimismo, el artículo 35 refiere que las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las disposiciones previstas en la presente ley son nulas de pleno derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes las lleven a cabo.