l participar en la conferencia Una Nueva Política Migratoria para una Nueva Era, en Washington, la secretaria de Gobernación de nuestro país, Olga Sánchez Cordero, refrendó el giro en la política migratoria mexicana promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este nuevo enfoque parte del reconocimiento de que hoy día quien migra no lo hace por gusto, sino por necesidad, falta de oportunidades y para huir de contextos de violencia, por lo que se orienta, en consecuencia, a resolver la problemática social de las causas de los desplazamientos, regular su ingreso a nuestro territorio de quienes provienen, en su mayoría, de Centroamérica, defender las garantías de personas en tránsito y ofrecerles la posibilidad de quedarse a trabajar en México.
Asimismo, la encargada de la política exterior rechazó la estigmatización de los migrantes centroamericanos al apuntar que apenas 1 por ciento tiene antecedentes penales de algún tipo, y que hasta ahora sólo se ha detectado a dos con ficha roja de Interpol. Sin embargo, también señaló que se ha identificado a líderes de organizaciones encargados de reclutar
a los integrantes de las caravanas –principalmente compuestas por hondureños– que desde el año pasado atraviesan el país en el intento de llegar a Estados Unidos, y que la secretaría a su cargo prevé el ingreso de hasta 700 mil migrantes al año por la frontera sur.
Este último dato merece especial atención y una fundamentación de la manera en la que fue obtenido, porque de verificarse un flujo humano semejante sería obligado hablar de una auténtica catástrofe humanitaria cuyo origen estaría en Centroamérica, pero que de manera inevitable se concretaría en México. Para dimensionar el significado de tal cifra, cabe mencionar que representa poco más de 2 por ciento de la población total de las naciones que conforman el llamado Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), de las cuales proviene el grueso de los contingentes migratorios.
Queda claro que una circunstancia semejante rebasaría por completo toda política gubernamental en materia de migración; más aún, no existe, en nuestro país ni en ningún otro, una estrategia de Estado capaz de afrontar un problema de esa magnitud sin un ingente apoyo logístico y financiero internacional, como sucede en los campos de refugiados construidos en Turquía y Líbano, –un extremo además indeseable por la pérdida catastrófica de calidad de vida que supone para quienes se ven confinados en instalaciones de ese tipo.
Así, de ser una estimación realista, la afluencia anunciada por Sánchez Cordero requeriría un abordaje multilateral con acciones que tendrían que emprenderse no en el territorio mexicano, sino principalmente en los países expulsores de población. Y, pese a la obtusa renuencia del actual gobierno estadunidense a asumir su parte de responsabilidad en el tratamiento económico, social y político del actual fenómeno migratorio, es de elemental sentido común que Estados Unidos tendría que participar de alguna manera en una solución humanitaria de largo plazo que saque el asunto del ámbito migratorio y lo lleve al ámbito del desarrollo en las naciones de origen.
Por último, resulta inquietante el señalamiento de que existen organizaciones reclutadoras
de migrantes, pues podría interpretarse como un intento por responsabilizar a actores puntuales por la ocurrencia de un fenómeno que, como la propia secretaria de Gobernación remarcó, responde a causas estructurales y a la imperiosa necesidad de cientos de miles de personas.
