Por unanimidad, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con la finalidad de evitar la desviación de recursos y otros actos de corrupción mediante la triangulación de contratos entre entidades públicas, como ocurrió en el sexenio anterior con el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y universidades públicas.

La reforma, aprobada con 91 votos, ordena que cuando se realicen contratos de servicio o compra de bienes entre entidades públicas, federales o estatales, y deban subcontratar a terceros, el titular de la dependencia contratante tendrá la obligación de vigilar el cumplimiento irrestricto de lo pactado, así como suscribir los convenios que decida otorgar a terceros.

En la exposición de motivos se explica que la Auditoría Superior de la Federación documentó esa práctica irregular, que consiste en que dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno adjudican de forma directa contratos a universidades públicas, institutos de educación superior y otras instancias, sin que tengan la capacidad técnica para cumplir con la responsabilidad adquirida, lo que lleva a éstas últimas a subcontratar.

Además, exceden el límite de subcontratación permitido, lo que genera sobreprecios, y en diversos casos se ha encontrado que los servicios subcontratados no fueron cumplidos, por lo que se ha convertido en clara fuente de corrupción.

Se establece que de la revisión de las cuentas públicas de 2014 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó esquemas de desvíos millonarios en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, por medio de empresas fantasma o en transferencias a universidades.

En tribuna, el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, resaltó que la intención de esa norma es impulsar el combate a los actos de corrupción que se han dado mediante esa práctica.

La senadora Gabriela Benavides, del PVEM, manifestó que se trata de un instrumento legal para arrancar de raíz este cáncer social enquistado en áreas y prácticas de la administración pública, sin caer en la estigmatización de servidores públicos ni en generalidades.

Es por ello que se busca que los titulares de las dependencias sean quienes firmen los contratos y estén obligados a vigilar el cumplimiento de los términos de la subcontratación, con el propósito de que en caso de detectar irregularidades se puedan fincar responsabilidades.

La reforma con proyecto de ley fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión.