Desde hace 13 años, las organizaciones civiles realizan acciones de prevención y detección de VIH/sida en poblaciones clave: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas, entre otras donde está concentrada la epidemia. Han contado con financiamiento público que ahora podría suspenderse por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar la entrega de dinero a ONG.

Por la complejidad del problema y la carencia de mecanismos institucionales para acercarse a estos y otros grupos como la población transgénero y personas privadas de su libertad, los activistas han tenido siempre mejores ventajas comparativas para llevar a cabo actividades de prevención del virus, advirtió Alejandro Brito, director de la organización civil Letra S.

Cada año, en febrero, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida) emite una convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual que fortalezcan la respuesta nacional. Para 2019 los diputados aprobaron un presupuesto de 110 millones de pesos.

La asignación de los recursos se divide por categorías, con reglas específicas y mecanismos estrictos para la comprobación de gastos.

Brito, también director del suplemento Letra S, que se difunde en la versión electrónica de La Jornada, destacó que el trabajo de las organizaciones ha contribuido a evitar nuevas infecciones porque además de promover la prevención mediante pláticas y distribución de condones, realizan pruebas de detección de VIH.

Uno de los retos principales ha sido identificar a las personas portadoras del virus. Se estima que 40 por ciento de quienes tienen la infección, lo desconocen. En parte a ello se debe que en México no se haya reducido la mortalidad por esta causa. Los enfermos siguen llegando a los hospitales en etapas avanzadas, sobre todo cuando provienen de lugares alejados y en condiciones de pobreza, explicó.

Como resultado del apoyo económico que se ha otorgado a las agrupaciones, se han instalado alrededor de 30 centros comunitarios para la detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual en poblaciones clave.

Esta actividad ha evitado nuevos casos de la enfermedad, reveló una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública.

Hasta el año pasado los centros de detección recibieron los mayores montos, un millón 300 mil pesos, mientras otros proyectos les dieron entre 700 mil y 900 mil pesos.

El otro componente de la lucha contra el sida es la red de instituciones de salud, donde todavía está pendiente la estrategia de detección universal de la enfermedad.

La prueba debería ofrecerse a todas las personas con algún riesgo de infectarse, así como a embarazadas y a quienes están enfermos de tuberculosis, así como a individuos que viven en la calle y en comunidades indígenas, indicó Brito.