olombia fungió ayer como anfitriona de los países del Grupo de Lima que han decidido seguir hasta el final el empeño estadunidense por derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y de los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, el gobierno de Iván Duque organizó una recepción propia de un jefe de Estado para Juan Guaidó, el diputado opositor venezolano que el 23 de enero anterior se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en una operación dirigida desde la Casa Blanca. Tal recepción corona los esfuerzos de Bogotá por construir en torno de Guaidó un tinglado que lo presente ante el mundo como el efectivo mandatario venezolano, en lo que constituye un desfiguro y una falta de respeto, no sólo para el pueblo de ese país sudamericano, sino para los propios colombianos, pues tal despliegue exhibe el nivel de sumisión alcanzado por la Casa de Nariño ante los designios estadunidenses.

En ese entorno, Pence hizo un llamado a México y a Uruguay para reconocer a Guaidó como presidente legítimo, arguyendo que no puede haber espectadores y cada nación del hemisferio que ame la libertad debe unirse al gobierno de Donald Trump en el reconocimiento al presidente interino.

Que este exhorto fuera previsible, habida cuenta de la trayectoria adoptada por la Casa Blanca en torno de la crisis que enfrenta Venezuela, no deja de constituir una insolencia anacrónica, impertinente y en todo punto fuera de lugar, que muestra la persistencia de los reflejos neocoloniales de la superpotencia habituada a tronar los dedos para lograr el alineamiento de la región entera.

Pero no debiera ser necesario recordar que Washington carece del menor resquicio legal o moral que le permita hacer un llamado semejante, pues tanto México como Uruguay son estados soberanos, cuya política exterior no está sujeta a recomendaciones externas, y en la actual coyuntura han desempeñado un papel notoriamente positivo frente al factor de violencia, desestabilización e injerencismo que representa Estados Unidos.

Ante los ataques contra la soberanía venezolana y la de todas las naciones de la región que no se han plegado a las maniobras intervencionistas del gobierno de Trump, se debe respaldar la postura oficial emitida por la cancillería mexicana, respecto de que el Mecanismo de Montevideo es el camino para encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela mediante el diálogo abierto e incluyente. Esta postura no supone, como pretenden algunas voces adictas al discurso de la Casa Blanca, una toma de partido por el régimen chavista, sino una defensa de la soberanía del pueblo venezolano, línea que México debe seguir tanto por congruencia con el mandato constitucional de respeto irrestricto al derecho a la autodeterminación como por la certeza de que es la única vía posible para mantener la paz.

Y como lo demostraron de manera dramática los eventos que tuvieron lugar el fin de semana en la frontera colombiano-venzolana, quienes estaban ayer en Bogotá persisten en su empeño de llevar la crisis política venezolana a una confrontación fratricida que podría desestabilizar a varios países fronterizos, empezando por la propia Colombia.