Chimalhuacán, Méx., Yuritzi Hernández de la Rosa, del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia, la Desaparición y el Feminicidio en el estado de México, afirma que el secuestro y asesinato de mujeres en la entidad se convirtió en un problema estructural porque las autoridades los dejaron en el olvido.

Sostiene que si les pregunta a los alcaldes que asumieron el cargo en enero pasado cuáles son los ejes de la alerta de género no sabrían responder. La ley se tiene; pero no se cumple, apunta.

En 2015, recuerda, el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en Chimalhuacán, sentó jurisprudencia después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reponer el proceso por homicidio. Mariana, abogada, habría sido ultimada por su esposo, un policía ministerial recluido actualmente en el penal Neza-Bordo.

El máximo tribunal del país exigió que todo homicidio violento de una mujer se investigue con perspectiva de género, pero no lo aplican.

La activista Verónica Villalvazo, conocida como Frida Guerrera, quien coadyuvó en la detención de los feminicidas de Lupita, la niña de 5 años conocida como calcetitas rojas, asesinada en Nezahualcóyotl, y de Camila, de nueve años, quien fue la primera víctima de feminicidio en 2019 en Valle de Chalco, señala: Las autoridades no acatan el mandato de la SCJN ni protocolos internacionales.

Los criminales están en las agencias del MP

Laura Velázquez Florencio afirma que los criminales están en las agencias del Ministerio Público, donde se pasa por alto la ley, y señala que una muestra clara es el feminicidio de su hermana Diana, en Chimalhuacán. Sigue impune porque nunca se investigó con perspectiva de género.

Casi año y medio después del feminicidio de Diana, no hay responsables, sospechosos ni nada, porque no siguieron los procedimientos: la ropa que vestía se perdió, desaparecieron pruebas y se rompió la cadena de custodia. Tenían la intención de enviarla a la fosa común.

La experiencia que Laura, su mamá y el resto de su familia vivieron tras la muerte de Diana las llevó a dar apoyo a ciudadanos en situaciones similares.

Así, brindaron asesoría a los padres de la niña Giselle, de 11 años, quien en enero pasado fue víctima de feminicidio, también en Chimalhuacán, y cuyo cuerpo fue localizado en un paraje de Ixtapaluca.

Apoyaron a los padres de Giselle en su peregrinar por agencias del Ministerio Público, a organizar brigadas de búsqueda y movilizaciones para exigir su localización e incluso para dar con el responsable del feminicidio. Hicieron el trabajo que era obligación de la policía.

Elsa Arista, Yuritzi Hernández y Frida Guerrera, activistas contra el feminicidio y la desaparición de mujeres en el estado de México, apoyan la iniciativa para que se castigue penalmente a agentes del Ministerio Público, peritos, médicos legistas, jueces, magistrados, policías y demás autoridades que no hagan valer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2014, la alerta de género decretada en 2015 y la sentencia de la SCJN emitida en ese año, la cual determina que todos los crímenes de mujeres se deben investigar como feminicidios.

Consideran que se debe reformar el Código Penal para sancionar la omisión, la revictimización y el maltrato a familiares de las víctimas, y para que empiecen a cumplirse las leyes respectivas.

Alín Ibáñez Sánchez fue amiga y compañera de Vanesa, la joven universitaria del municipio de Ozumba violada y asesinada en una unidad del transporte público de la ruta 85. Asegura que la delincuencia le ha robado la libertad y que se siente atrapada.

Ahora su familia tiene miedo a que salga a la calle, y ella también. A pesar de su ímpetu, el homicidio de su amiga le hace sentir miedo. Cuando subimos al transporte público o caminamos miramos si alguien nos sigue, y eso no debería ser, deberíamos ser libres y sentirnos bien donde estemos, expresa.

Laura Velázquez, hermana de Diana, expone: Ante el machismo y la inacción de las autoridades, lo único que nos queda es apoyarnos entre nosotras.