La reforma energética impidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) ser una empresa rentable y la inversión de las empresas con las que se asoció no fue significativa ni contribuyó, como se argumentó para aprobarla, a reducir el riesgo financiero para el Estado, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En una auditoría especial sobre la reforma impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, definió que, en contra de lo previsto, la inversión de Pemex cayó a 186 mil millones en 2017, y en contraparte su pasivo repuntó 62.8 por ciento y su déficit patrimonial se disparó 771 por ciento.

Sus activos aumentaron de manera marginal, 4.1 por ciento y la ASF explicó que la reforma dificultó que Pemex fuera capaz de satisfacer la demanda de hidrocarburos, y la apertura a la inversión privada no contribuyó al desarrollo y a la consolidación de la industria petrolera nacional.

Con la reforma declinó la producción de petróleo crudo y las reservas cayeron de 785 mil 400 millones de barriles a 16 mil 600 millones (97.7 por ciento), y las reservas probadas, de 11 mil 78 barriles a 6 mil 360 millones.

En 2014, por cada barril de petróleo crudo producido, había 0.88 de un barril de reservas para remplazarlo, y en 2017, sólo 0.02 de barril, indicó.

Recordó que uno de los factores que motivaron la reforma fue la falta de inversión en Pemex y se buscó disminuir, con la apertura, el riesgo del Estado como único inversionista en exploración y explotación de hidrocarburos.

Declive de inversiones

La inversión de Pemex, antes y después de la reforma, revela el fracaso del argumento de quitarle a la empresa el monopolio del petróleo en México.

Antes de la reforma, se presentaba una tasa de crecimiento anual de 7.2 por ciento; no obstante, en años posteriores su tendencia fue a la baja, con una tasa negativa de 26.2 por ciento de 2015 a 2017, precisó.

En el sexenio de Peña Nieto, el máximo de inversión ocurrió en 2014, con 412 mil 392.1 millones de pesos, y a partir de ahí comenzó el descenso.

Al año siguiente fue de 342 mil 439.1 millones; en 2016, de 270 mil 580.6 millones, y en 2017, de 186 mil 368 millones.

En 2015 la inversión de compañías privadas fue de únicamente 85.23 millones, y si bien aumentó los siguientes dos años, sólo llegó a 18 mil 30 millones en 2017, cifra que para la ASF no fue relevante, porque no alcanzó a compensar la inversión que el gobierno dejó de hacer en Pemex.

En conclusión, hasta 2013 las necesidades energéticas del país, las exigencias del entorno internacional, el incremento de riesgos y el monto de inversiones requeridas para la producción de hidrocarburos, (la reforma) dificultó que Pemex fuera capaz de satisfacer la demanda y se esperaba, con la apertura, un incremento en los volúmenes de inversión, citó.

No bajaron los precios

La incorporación de nuevos competidores en el mercado de combustibles no se ha visto reflejada en una disminución de precios.

La ASF explicó que la disminución no se ha registrado debido a que el único proveedor de hidrocarburos es Pemex y a los costos del transporte relacionados con la importación de combustibles. Esta situación se ve agravada por los robos, añadió.

Entre 2013 y 2018 el precio de venta al público del gas licuado –combustible que se usa para la cocción de alimentos en tres de cada cuatro hogares mexicanos– se incrementó 28.7 por ciento, al pasar de 15.53 pesos en 2013 a 19.99 pesos en 2018. En tanto, el costo al consumidor de la gasolina Magna subió 33.2 por ciento, de 14.56 a 19.40 pesos en el mismo periodo.

Agregó que el costo al consumidor de la gasolina Premium aumentó 37.3 por ciento, de 15.23 a 20.92 pesos, y el diésel subió de 14.99 a 20.66 pesos, lo que significó un aumento de 37.8 por ciento. Destacó que tras la liberación de los precios de los combustibles, en 2017, el gas licuado aumentó su costo en 32.4 por ciento; el de la Magna, 9.7 por ciento; la Premium, 14.9 por ciento, y el diésel, 11.6 por ciento.

La ASF explicó que actualmente operan 51 nuevas marcas, de las cuales 19 ofrecen un producto diferenciado.