n las primeras horas de ayer fue asesinado en Amilcingo, Morelos, Samir Flores Soberanes, integrante del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye a la central eléctrica de Huexca y al gasoducto que recorre decenas de comunidades de esa entidad, de Puebla y Tlaxcala. Condenable como cualquier otro, ese homicidio tiene como contexto insoslayable la inminente consulta programada para el fin de semana próximo por el gobierno federal para determinar si se terminan las obras referidas, y a la que están convocadas las comunidades por las que pasa el ducto y la totalidad de los morelenses.

En las horas posteriores al asesinato de Flores Soberanes algunos sectores de la oposición a la puesta en marcha de la central eléctrica acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de haber generado un ambiente propicio para el crimen, en tanto que los senadores de Morena Salomón Jara y Lucía Meza apuntaron que la agresión letal tiene como propósito enrarecer el clima en el que se realizará la consulta e inhibir la participación ciudadana en ella.

Resulta imposible saber, sin un esclarecimiento exhaustivo y concluyente que no desestime ninguna línea de investigación, si este condenable crimen está relacionado o no con el diferendo por las obras del PIM, pero es claro que contamina y encona el ambiente social previo al ejercicio ciudadano previsto para los próximos 23 y 24 de febrero y que agrega un componente envenenado que torna aún más difícil el entendimiento entre el gobierno federal y los grupos que rechazan la puesta en marcha del gasoducto y de la central generadora de electricidad.

Ciertamente, las raíces del conflicto vienen de muy atrás: desde que, en el sexenio de Felipe Calderón, se emprendió un proyecto impugnable porque no tomó en cuenta a las poblaciones en las que se situaría y porque se inició sin estudios confiables de riesgos ambientales y sociales. Para colmo, durante los sexenios antepasado y pasado las obras fueron impuestas con métodos represivos y por medio de la cooptación corrupta de adversarios al proyecto.

La actual administración recibió una obra que ha costado más de mil millones de dólares, que está prácticamente concluida y cuya terminación es necesaria para garantizar el abasto eléctrico de la red nacional, pero que sigue generando inconformidades entre los habitantes próximos a ella. En esa circunstancia, el gobierno lopezobradorista optó por revisar las condiciones de seguridad de la planta y por dirimir la disyuntiva entre el menor de los males mediante una consulta pública en las entidades involucradas. Los opositores descalificaron tal propuesta y exigieron que la consulta se realizara exclusivamente entre las comunidades directamente afectadas y se excluyera de ella al resto de la ciudadanía morelense.

El asesinato del activista Flores Soberanes agrega ahora otro elemento de malestar a la solución del conflicto. Por ello, y por elemental principio de justicia, es indispensable esclarecer el crimen en forma rápida y creíble, identificar a los posibles responsables intelectuales y materiales, y presentarlos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.