No contar con un organismo autónomo que evalúe el cumplimiento del derecho a la educación asentado en la Constitución es volver al oscurantismo, aseguró Teresa Bracho González, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien alertó que se corre el riesgo de pasar de una evaluación que ha sido calificada de punitiva a una realizada a modo.

Durante su exposición en el último día de audiencias públicas en la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales presentada en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sin la existencia y autonomía del INEE prevalecerían los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos.

Agregó que la autonomía para aplicar los procesos de evaluación es indispensable, pues de lo contrario se puede incurrir en errores, en ausencias de información o en establecer preferencias deliberadas. Con ello se corre el riesgo de pasar de una evaluación que ha sido calificada de punitiva a una realizada a modo.

En entrevista, tras concluir la séptima audiencia ante las comisiones unidas, aseguró que se tiene una visión muy distorsionada de lo que hace el instituto y enfatizó que no se puede llegar a trabajar juntos cuando hay semejante cantidad de insultos; así como respetamos a los otros, pedimos respeto a la institución, porque no es a la persona, es a la institución, estoy aquí por la dignidad del INEE, no es un asunto personal.

En la reunión también se escucharon otras voces. Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), destacó la apertura de esta legislatura para escuchar a los sin voz, pues destacó que no tenemos por qué repetir aquella vieja historia de cuando esta soberanía, las diputados y diputadas se encierran en un centro banquero y ahí aprueban una reforma que ha puesto en entredicho, que ha lastimado la educación de nuestros país y en particular los derechos de los maestros.

Solicitó a los diputados incluir en la redacción del artículo tercero constitucional la obligación del Estado de impartir una educación intercultural y plurilingüe, que reconozca la riqueza cultural de las pueblos indígenas, pero también las transformaciones que enfrentan, entre ellas la migración, lo que incluye el aprendizaje de una tercera lengua, como el inglés.

Azael Santiago Chepi, ­diputado de Morena, secretario de la Comisión de Educación y ex secretario general de la sección 22 del sindicato magisterial en Oaxaca, aseguró que la reforma educativa aprobada en 2012 y promovida por el Pacto por México sirvió para generar una campaña de desprestigio contra los profesores y promover negocios privados con la formación profesional de los maestros. Ahora buscamos tener un proyecto educativo nacional, soberano, libre y democrático, donde se reconozca que somos una nación pluricultural.

Francisco Cartas, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, afirmó que se realizaron más de 600 mil evaluaciones del desempeño a maestros en servicio, pero sin impacto en la ­capacitación del magisterio, pues sólo se les daba un lista de cursos para que seleccionaran el de su interés, sin considerar que se atendían áreas de oportunidad detectadas, y agregó que ante las prácticas intimidatorias implementadas con la reforma educativa, más de 150 mil docentes se jubilaron.

Bracho González, quien destacó la necesidad de mantener la existencia del INEE y de su autonomía constitucional, planteó a los legisladores si tiene sentido cancelar un instituto con casi 17 años de labor “a causa de una supuesta percepción –de que fue un instrumento persecutor para el magisterio–respecto de la cual no hay evidencia alguna. Ni de la percepción ni del acto imputado. Lo hace con base en información que desvirtúa la participación del INEE en los procesos de evaluación docente y deforma su rol ­regulatorio”.