Municipios afectados por el robo del combustible fueron incluidos en la lista de 252 ayuntamientos beneficiarios del subsidio federal 2019 para fortalecer a las corporaciones policiales locales.

Además de Tijuana, Guadalajara y Mérida, que recibirán los montos más altos este año, destaca la elección de 15 ayuntamientos de Guanajuato (la mayoría en la zona de huachicoleo); seis de Hidalgo, tres de Puebla y tres de Querétaro, igualmente de áreas con registro de ese delito, así como otros ubicados en las zonas petroleras de Veracruz y Tamaulipas.

La bolsa general del denominado subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (Fortaseg) es de 3 mil 930 millones de pesos, casi en el mismo nivel del año pasado.

Además del Fortaseg, otro rubro de apoyo federal en esta materia es el destinado a los estados, clasificado como FASP, cuya bolsa general a repartir es de 7 mil 202 millones de pesos; la entidad con más recursos por esta vía es estado de México, con 497 millones.

Ambos subsidios (FASP y Fortaseg) suman 11 mil 132 millones de pesos a entregar vía autoridades estatales y municipales.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), responsable de definir prioridades de gasto, ahora con base en una fórmula diseñada por el Inegi, dijo que para el año en curso la selección de municipios (y alcaldías) se hizo con base en el tamaño de la población, la ubicación en zonas fronterizas y puertos, su relevancia turística, pero también el alto índice delictivo y de conductas antisociales.

A diferencia de años anteriores, dijo, el Sistema dialogará con cada beneficiario para definir de manera conjunta los proyectos de inversión y necesidades específicas de cada localidad, de acuerdo con sus problemas en materia de seguridad pública.

Ahora serán 252 municipios, 48 menos que el año pasado.

Una de las variables nuevas fue el estado de las policías, pero también el tamaño del problema que enfrentan y que significa alta incidencia delictiva en los pasados tres años en homicidios dolosos, así como robo de vehículos, pero también percepción de inseguridad en espacios públicos.

Otros criterios son: tamaño de población, situación de la capacitación policial, necesidad de fortalecimiento de capacidades institucionales, y los criterios de transición, relacionado con bajas en subsidios a nivel estatal.

Las entidades con mayor número de homicidios en el país, como Baja California, Colima y Guerrero, tienen a sus principales municipios incluidos, mientras de Ciudad de México se aprobó apoyos para sus 16 alcaldías.

En el caso de Guanajuato son beneficiarios, entre otros, Salamanca (13.8 millones), Celaya (18.4 millones), León (38.3 millones), Irapuato (17.9) y Pénjamo (16.0), todos con crecientes índices delictivos y golpeados por la delincuencia organizada y el robo de combustible.

Para Querétaro se optó por El Marqués, San Juan del Río y la capital, mientras en Hidalgo están Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, entre otros.