Como parte de la estrategia en contra del robo de combustible en Petróleos Mexicanos (Pemex), el gobierno federal investiga el incumplimiento regulatorio en materia de medición por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ya que a pesar de las normas existentes ambos organismos no han auditado los sistemas de registro ni los balances entre transacciones, desde importaciones, recepción, almacenamiento y transporte (por cualquier vía: ductos, buques tanques, carros tanques o autotanques).

Mandos de la Policía Federal y de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron que las estadísticas consultadas no se consideran confiables, ya que se ha detectado que los sistemas de medición son sujetos a modificación de forma arbitraria, dando lugar a que funcionarios cuadren los balances y volúmenes a modo o a su conveniencia, eliminando la forma de rastrear el ilícito por tener gran cantidad de involucrados.

Las indagatorias iniciadas por la FGR, en coordinación con otros organismos federales, se relacionan con la presunta participación de directivos del área de Salvaguarda Estratégica de Pemex –entre ellos el general Eduardo León Trauwitz– en el robo de combustible de los ductos de Pemex, por ello se abrió una línea de investigación acerca de la falta de sistema de medición de los combustibles que se producían y de los productos terminados, así como su traslado, volúmenes almacenados y lo que proveedores de servicios y mercancías entregaban a la empresa productiva del Estado, además de las cantidades que sacaban los transportistas de las plantas.

Las fuentes consultadas señalaron que la CNH cuenta con una Dirección General de Medición y no ha auditado ni obligado a cumplir con las normas –desde 2016– a ningún operador petrolero público o privado (que extraiga hidrocarburos, omitiendo a aquellos que están en fase exploratoria), y sólo se han enfocado a actividades de reporteo y de gabinete, lo que habría facilitado las actividades ilícitas y también esto ha generado un impacto en cuanto al pago de impuestos y regalías que el gobierno federal debe recibir por la extracción y comercialización de combustibles.

Los funcionarios consultados señalaron que en las investigaciones que se realizan se ha establecido que entre las atribuciones que tiene la CRE se encuentra la de regular los volúmenes transportados y las calidades de los productos en la red nacional de ductos, así como los almacenados y distribuidos.

En ese contexto, existe lo que en ese ámbito se conoce como disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a las actividades de transporte por ducto (DACG), entre ellas la contemplada en la resolución RES/776/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2015, que faculta a la CRE a supervisar que los permisionarios entreguen la cantidad y calidad de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así como cumplir con la cantidad, medición y calidad conforme se establezca en las disposiciones jurídicas aplicables.

Aunque para realizar las auditorías se requiere de empresas especializadas que evalúen el grado de cumplimiento de cada uno de los sistemas de medición.

Los funcionarios federales detectaron también que a pesar del incumplimiento en que se ha incurrido desde 2016, el pasado 19 de enero la CRE publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto 46798 en el que se señala: Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía por el que se delimita el alcance y se determina eximir el cumplimiento de diversos preceptos de las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos, en donde bajo las mismos argumentos se eximen a los permisionarios que almacenan dichos productos.