Pese a su gravedad y al elevado número de personas que afecta, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que permanece invisibilizado en México, a tal punto que no hay estudios oficiales para conocer su magnitud exacta ni políticas públicas para ayudar a las víctimas, señaló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Al presentar ayer en el Senado el libro Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México, Brenda Pérez, especialista de la CMDPDH en dicho tema, indicó que no hay datos exactos sobre la cantidad de víctimas de este flagelo en el país, aunque según algunos estudios se calcula que pueden ser hasta 8 millones de personas.

La investigadora explicó que el libro está basado en los datos que ofrecen tres encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): la de Dinámica Demográfica, la de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública y la de Ocupación y Empleo, en las cuales hay cifras importantes y complementarias sobre el tema del desplazamiento forzado.

Familias desprotegidas

Entre los datos más relevantes obtenidos de dichas fuentes, señaló Pérez, está que de 2011 a 2017, cada año hubo un promedio de un millón 200 mil personas que cambiaron de domicilio –la mayoría dentro de su propio estado– para escapar de la violencia o la delincuencia.

De acuerdo con las mencionadas encuestas del Inegi, más de 70 por ciento de las familias afectadas por esta dinámica se ubicaron en territorios urbanos de más de 100 mil habitantes, donde fueron víctimas de manera reiterada de delitos graves, como secuestro, extorsión, robos y amenazas.

Por otra parte, la CMDPDH documentó que casi 40 por ciento de las personas desplazadas en 2011, tuvieron que cambiar de domicilio a pesar de que en su lugar de origen hubo acciones de combate al narcotráfico, lo cual evidencia que los operativos de seguridad para combatir a la delincuencia organizada no necesariamente protegen o aseguran a la población, resaltó Pérez.

Según las fuentes consultadas por los autores del informe, 54 por ciento de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres, y los estados con mayores índices de expulsión –de 2009 a 2014– fueron Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

Las entidades que más recibieron personas desplazadas fueron Veracruz, estado de México, Jalisco, Puebla y Querétaro.

El senador Emilio Álvarez Icaza, por su parte, llamó al actual gobierno a admitir la existencia del desplazamiento forzado y asumir su responsabilidad en el tema, al tiempo que anunció que en breve presentará una iniciativa de ley en la materia.