Almoloya De Juárez, Méx., Hoy se realizará la audiencia que podría facilitar la liberación de seis indígenas de San Pedro Tlanixco, presos desde hace más de 11 años por haber defendido su derecho al agua.

A las 10 horas, en el juzgado primero penal de Toluca, se dará cumplimiento a una resolución de un magistrado del Poder Judicial del Estado de México que ordenó reponer el proceso penal por el delito de homicidio en contra de los indígenas, acusados por la muerte de un empresario español.

Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez fueron detenidos en 2006 por agentes ministeriales y encarcelados de forma inmediata. Durante 11 años estuvieron presos y en diciembre de 2017 se les dictó sentencia de 50 años de prisión, la cual fue cancelada el pasado 17 de enero, pues se comprobó que durante el juicio que se les instruyó hubo violaciones al debido proceso.

Con el reinicio del proceso, el Ministerio Público puede desistirse penalmente de la acusación –la cual también fue formulada contra Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y Rómulo Arias–, pues diversas instancias nacionales e internacionales han constatado que no hay pruebas contundentes que incriminen a los indígenas en el asesinato que se les imputa.

Los indígenas de Tlanixco están acusados de la muerte de un empresario español que representaba a los floricultores del municipio vecino de Villa Guerrero. Este individuo, que en vida llevaba el nombre de Alejandro Isaak Basso, fue encontrado muerto el primero de abril de 2003 cuando se dirigía hacia Tlanixco.

Los pobladores de esa comunidad señalaron que Isaak Basso tropezó en una vereda y cayó a una barranca de más de 40 metros, lo que le ocasionó muerte instantánea. Sin embargo, floricultores de Villa Guerrero acusaron a seis integrantes del Comité de Agua de Tlanixco de ser los responsables de la muerte del empresario.

Dominga, Lorenzo y Marco Antonio apelaron la sentencia pues no había elementos contundentes que los involucraran en el crimen, además de que se documentaron diversas violaciones al debido proceso. Un magistrado les dio la razón, dejó sin efecto la sentencia y ordenó la reposición del proceso desde el inicio.

Durante cuatro semanas, el Poder Judicial buscó a un intérprete náhuatl que pudiera asistir a los indígenas durante el proceso. La persona apenas fue localizada esta semana y el miércoles rindió protesta para asumir la defensa de los pobladores de Tlanixco.

Antonio Lara, director del Comité de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, puntualizó que la falta de intérpretes suficientes para asistir a los acusados es ya una muestra de que el Estado mexicano no cuenta con los instrumentos legales y las instituciones sólidas para salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas.

Pese a ello, dijo el litigante, vamos por el planteamiento de la inmediata libertad de los seis defensores de Tlanixco, por argumentos legales y porque se acreditó que hubo mala fe y racismo de los jueces que consideraron que, al tocar las campanas del pueblo para convocar a la gente –como es parte de sus usos y costumbres–, se estaba convocando a linchar al ya mencionado Alejandro Isaak Basso.

“La libertad de los defensores de Tlanixco –enfatizó Lara– es muy probable, y la única posibilidad de que los mantengan en prisión sería por una actitud de cerrazón de las autoridades del estado de México de mantener una acusación penal que a todas luces ya ha sido destruida y no se sostiene bajo ninguna óptica”.

Tras recordar la preocupación manifestada por diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas respecto a los presos de Tlanixco, el abogado reiteró que los seis acusados son inocentes y su libertad será saludable para la democracia y las instituciones del estado de México y del país.