Representantes de la sociedad civil e integrantes del consejo consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) consideraron que la eliminación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras pone en riesgo la actual oferta de servicios de cuidado y adecuado desarrollo para niños sin seguridad social.

En un pronunciamiento, académicos, especialistas y activistas que integran el consejo consultivo, así como los ocho representantes de la sociedad civil en el Sipinna, explicaron que el programa consideró la instalación de esos establecimientos en zonas de alta demanda y vulnerabilidad social, operadas por particulares que cumplían los requisitos personales y de infraestructura señalados en las reglas de operación.

Dichas instituciones reciben un subsidio mensual de 950 pesos por niño y de mil 800 pesos para cada menor con discapacidad. Están sujetas a la supervisión, acompañamiento y capacitación brindada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La semana pasada se anunció la sustitución de este plan por uno de transferencias directas no condicionadas a madres y padres antes beneficiarios. Se espera que el destino del dinero sea el pago de servicios privados o comunitarios de cuidado, o bien, una compensación a los abuelos y familiares por asumir las tareas de cuidado.

Lo anterior preocupa a los especialistas debido a que se asume que la responsabilidad del cuidado infantil es un asunto del ámbito doméstico y privado, y no de interés público y corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad y la familia.

Asimismo, podrían cerrar las estancias infantiles privadas y comunitarias que hoy prestan servicio debido a la disminución de niños asistentes, particularmente los mayores de tres años, quienes a partir de los cambios anunciados al programa ya no serán beneficiados.

Ante una eventual falta de opciones de cuidado formal puede perjudicarse a las familias en hogares nucleares, ampliados y compuestos al imponer una carga adicional sobre las mujeres, adolescentes y niñas del hogar. También se impondría a los adultos mayores una responsabilidad que, de acuerdo con la evidencia, podría tener efectos negativos sobre su salud física y mental.

Los firmantes del pronunciamiento solicitan al Estado que asuma su obligación de garantizar el cuidado y adecuado desarrollo de los niños más pequeños y más pobres.

Recordaron que de acuerdo con una observación general del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los Estados partes son responsables de la provisión de servicios para el desarrollo en la primera infancia. El papel de la sociedad civil debe complementar, y no remplazar, el papel del Estado.