En la pasada legislatura de la Cámara de Diputados Morena presentó una demanda de juicio político contra el ex director de Pemex Emilio Lozoya, al acreditarse en la Procuraduría General de la República (hoy fiscalía) que Hilberto Mascarenhas, director de operaciones de Odebretch, le pagó 10 millones 500 mil dólares, con objeto de recibir el favor de nuevos y mejores contratos para la constructora brasileña.

Entonces Rocío Nahle García, quien encabezaba a los morenistas en San Lázaro, documentó las acciones ilegales y contratos provechosos en favor de la firma brasileña, que en los primeros meses de 2013 recibió la adjudicación de la ampliación de la refinería Tula en el proyecto de aprovechamiento de aguas residuales, cuyo monto se calculó en mil 200 millones de dólares.

Lozoya reaccionó entonces y dijo que esos señalamientos formaban parte de una trama mediática en su contra. No obstante, se ha documentado que habría favorecido a la trasnacional brasileña, no sólo en el proyecto de aguas en la refinería Tula, sino en el complejo petrolero de Salamanca, y se le habría abierto la puerta para intervenir en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

Denuncia penal presentada en 2017

Además, en torno al actuar de Lozoya y funcionarios del anterior gobierno federal se cierne la existencia de una denuncia penal presentada en 2017, y a la fecha no se ha revelado el resultado de la misma. Como dio a conocer ayer este diario, el Ministerio Público Federal ha retomado el cauce de la misma y apunta a la responsabilidad de funcionarios de la pasada administración federal en corrupción. Esta denuncia penal derivó de una denuncia de hechos que Pemex presentó ante el MPF. No obstante, la opacidad en torno a corrupción en Pemex, se advierte en la reserva de la información –referente a Odebrecht– cuyo plazo para darse a conocer fenece en cuatro años.

En febrero de 2017, ya conocida la revelación de Mascarenhas que inculpaba a Lozoya, el entonces procurador general, Raúl Cervantes, anunció que tras su visita a Brasil, él y la entonces secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, habían iniciado investigaciones sobre la presunta corrupción entre la petrolera y la firma brasileña.

Nahle documentó los actos de Lozoya y, tras conjuntar un amplio legajo de pruebas, presentó en la Cámara de Diputados la demanda de juicio político que se encuentra radicada en la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, a pesar de que Lozoya dejó el cargo hace más de un año.