La incorporación del término de autonomía universitaria en la reforma educativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador le corresponderá a los legisladores, indicó el subsecretario de Educación Superior del gobierno federal, Luciano Concheiro Bórquez.

Precisó que la fe de erratas ya no será enviada al Congreso por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como se dijo originalmente, debido a que este mecanismo de sustitución era mucho más tardado, por lo que se acordó que ahora serán las fracciones parlamentarias, en las cuales hay consenso en el tema, que será incorporado al dictamen durante su elaboración. Pero reconocemos como nuestro este grave error, al no incluir este tema en la iniciativa enviada, dijo.

Además, el subsecretario Concheiro explicó que para poder cumplir la meta de gratuidad y universalidad de la educación superior será necesario restructurar el presupuesto para este sector. Se requieren recursos que calculamos en 7 mil millones de pesos anuales, además de los 13 mil millones que actualmente reciben las universidades por concepto de cuotas y servicios que prestan, y que eventualmente dejarían de percibir con los cambios en la legislación, pues la educación será totalmente gratuita.

Entrevistado luego de inaugurar el foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México, organizado por la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Concheiro Bórquez señaló que este reconocimiento del derecho humano a la educación implica un cambio radical en una política de Estado. Aquí no estamos luchando por un partido político, sino por una política de Estado, insistió.

Respecto de la gradualidad para dar educación superior, el funcionario de la SEP insistió que se busca cubrir al 100 por ciento al final de sexenio. Vamos a llegar al 100 por ciento de la oferta necesaria de educación para todos los jóvenes. Se calcula que podemos cubrirla perfectamente.

▲ Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública.Foto Yazmín Ortega Cortés

En la inauguración, el secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda, destacó que lograr la universalidad y gratuidad de la educación superior implicará un esfuerzo inédito por parte del Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno, así como de todos los organismos involucrados, no sólo en materia presupuestal sino en la implementación de políticas y programas de largo plazo.

Incluso, alertó que los legisladores deben considerar muy bien los impactos que tendrá la gratuidad en las instituciones de educación superior, ya que muchas de ellas cobran cuotas por distintos conceptos, lo cual les representa hasta 30 por ciento de su ingreso.

Hay estimaciones que, por este concepto, las universidades captan unos 13 mil millones de pesos anuales, y que regularmente son recursos que se destinan a la prestación de servicios a los estudiantes.

Dijo que con la modificación constitucional relativa a la obligatoriedad y universalización de la educación superior, será necesario acordar una política de Estado con visión de largo plazo que la haga factible, por lo que será útil –añadió– considerar la experiencia de reformas constitucionales previas que hicieron obligatoria la educación prescolar y media superior, sin que hasta el momento se hayan logrado las metas planteadas en los artículos transitorios que señalaron su gradualidad.

El foro, realizado en la sede de la Anuies, convocó a rectores y directores de universidades e instituciones de educación superior, legisladores, funcionarios de la administración pública, organizaciones sociales y público en general a reflexionar sobre las implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México.