n días recientes, diversos nombramientos o las propuestas de nombramiento del gobierno federal han sido impugnados tanto por las comunidades directamente afectadas como por la opinión pública. Especial revuelo causaron los casos suscitados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde David Alexir Ledesma Feregrino fue designado subdirector de la Coordinación de Comunicación, a pesar de que aún no concluye sus estudios universitarios, y de Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de modas, designada subdirectora de área de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Un tercer caso que involucró a dicho órgano, el de María Chávez García al frente de la secretaría administrativa del fondo sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, en realidad pertenece a la órbita de la Sener, por ser ésta la instancia con facultades para designar al responsable administrativo del fondo. Asimismo, se han presentado impugnaciones a los miembros de la terna propuesta para integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Si resulta lógico que estos casos adquiriesen rápidamente un carácter mediático, en algunas expresiones de los medios y las redes sociales la publicidad y denuncia de los tropiezos institucionales cobró la forma de linchamientos personales, que se encuentran en todo punto fuera de lugar dentro del debate democrático.
Pero al margen de la cuestionable ética desplegada en algunas denuncias, hay también una ineludible responsabilidad del Ejecutivo federal, el cual tiene la encomienda de revisar con el máximo cuidado los perfiles de los candidatos a ocupar cualquier cargo público. Como deja claro el desarrollo de los acontecimientos, designar a una persona carente de las características deseables para el cumplimiento de sus funciones suele desembocar en consecuencias indeseables: por un lado, llevan a movimientos prematuros de personal en el equipo de gobierno y, por otro, contribuyen a generar una idea no necesariamente cierta sobre la persistencia de prácticas indebidas en el ejercicio de la función pública, como el amiguismo y el compadrazgo, las cuales dañaron severamente la credibilidad de administraciones pasadas.
En suma, si cabe saludar el rápido cese de los ahora ex funcionarios envueltos en la polémica, por cuanto es indicativo de la voluntad política existente en el gobierno federal para escuchar a la ciudadanía y enmendar errores, también debe llamarse a evitar la repetición de cualquier forma de equívoco que entorpezca el idóneo desempeño institucional.
