El juicio y sentencia a Joaquín El Chapo Guzmán deja muy mal a la justicia mexicana y, en general, a administraciones anteriores. Durante todo el proceso se aportaron decenas de testigos, pero no fue un logro de la justicia mexicana, de acuerdo con Arturo Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De hecho, deja ver la inacción del gobierno, la falta de efectividad que hubo por mucho tiempo contra este personaje.

“Nos deja mal y nos exhibe, porque cuando se concedió la extradición hubo esta percepción de incapacidad de mantenerlo tras las rejas, hay que recordar que se escapó dos veces de penales de máxima seguridad, y los comentarios eran ‘mejor lo entregamos para que no se escape de nuevo ’”, añadió Cossío Zazueta.

Para la administración actual hay un reto, ya que podría empezar líneas de investigación a partir de las indagatorias que se hicieron en Estados Unidos. Habrá que ver cómo lo resuelven pues también es necesario saber que las acusaciones contra funcionarios de otras administraciones y de algunas otras figuras públicas, fueron hechas por testigos colaboradores y, como recibían un beneficio, ya no son tan imparciales, consideró.

Con la entrega de Guzmán a la justicia de Estados Unidos mediante una extradición, la cooperación bilateral se vio fortalecida. Estados Unidos debe reconocer la disposición de México para entregarlo, pues recordemos que un gobierno no está obligado a la extradición de sus nacionales, sino que es una facultad discrecional, y a pesar de los elementos que había, es un síntoma de una colaboración de una puerta.

Si la condena que se dictará en unos meses a Guzmán es efectivamente de prisión perpetua, México ya no podrá juzgar a El Chapo, puesto que al ya no haber posibilidad de que regrese, no podrá enfrentar los cargos que tiene en nuestro país.